La imputación inicial contra el médico Martín de la Arena será ampliada hoy por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores.
El profesional está acusado del delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado provincial. Entonces el médico se había negado a declarar ante el fiscal, haciéndolo luego por escrito.
Hoy, a las 10, a De la Arena se le sumará la imputación por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, también en carácter de autor. En el decreto de imputación Flores repasó las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública.
El fiscal entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico porque, en su carácter de director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta incumplió las normativas que regulan la incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón.
Leandro Flores sumó que De la Arena, en su condición de director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la Empresa HemoSalta SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía (CRH) para la ejecución del servicio.
El Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009, y en julio de 2010 De la Arena fue designado como director del Centro Regional de Hemoterapia. Luego en abril de 2013 el Ministerio de Salud aprobó el convenio de suministro de sangre humana y componentes sanguíneos con la empresa HemoSalta SRL.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo año y luego en 2016 el imputado fue designado de nuevo en el cargo.
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La imputación inicial contra el médico Martín de la Arena será ampliada hoy por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores.
El profesional está acusado del delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado provincial. Entonces el médico se había negado a declarar ante el fiscal, haciéndolo luego por escrito.
Hoy, a las 10, a De la Arena se le sumará la imputación por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, también en carácter de autor. En el decreto de imputación Flores repasó las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública.
El fiscal entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico porque, en su carácter de director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta incumplió las normativas que regulan la incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón.
Leandro Flores sumó que De la Arena, en su condición de director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la Empresa HemoSalta SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía (CRH) para la ejecución del servicio.
El Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009, y en julio de 2010 De la Arena fue designado como director del Centro Regional de Hemoterapia. Luego en abril de 2013 el Ministerio de Salud aprobó el convenio de suministro de sangre humana y componentes sanguíneos con la empresa HemoSalta SRL.
Posteriormente, en diciembre de ese mismo año y luego en 2016 el imputado fue designado de nuevo en el cargo.
Del informe remitido por el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) surgió que la empresa HemoSalta SRL es prestadora de esa obra social y que desde 2002 su titular es Martín de la Arena. El IPSS adjuntó al informe el detalle de las prestaciones facturadas por la empresa de 2019 a 2020, con los códigos facturados de prácticas de hemoterapia (transfusión de plasma, glóbulos rojos, sangre sin leucocitos, plaquetas o leucocitos y crioprecipitados).
El fiscal de Delitos Económicos Complejos consideró que se violentó el bien jurídico protegido, es decir, la “administración pública” y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionario, a sabiendas de que estaba interviniendo en un contrato u operación como funcionario público y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.
Tiene media sanción el proyecto de ley para que el Ejecutivo provincial se haga cargo de los costos que surjan del proceso de obtención de plasma. Con costos claros, aseguran que de aprobarse la ley se terminarán con las especulaciones del método paliativo en pandemia. “Está nomenclado en $4.200 por unidad de plaqueta”, indicó el diputado Javier Diez Villa, autor del proyecto que aún debe pasar por el Senado y plantea cobertura estatal.
Saracino, también imputada por incompatibilidad
A partir de la “notitia criminis”, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio y el fiscal Ramiro Ramos Osorio imputó a los médicos Martín de la Arena, propietario de HemoSalta SRL, centro privado dedicado a la transfusión de sangre.
También imputó a la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, quien al mismo tiempo es propietaria de un centro privado. Vale recordar que De la Arena también fue director del Centro de Hemoterapia.
En la audiencia de imputación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de su función pública, Saracino declaró por escrito, al igual que su par De la Arena.
Entonces, la profesional le había manifestado a Telefe Salta: “Todo está en manos de la justicia, evidentemente no existe tal incompatibilidad, de hecho todos los directores que han estado acá han tenido actividad privada”.
Ahondando en esta postura, su abogado, Marcelo Escudero, había señalado que “no existe tal incompatibilidad”, porque “en primer lugar el estatuto del empleado público establece el bloqueo del título a partir del cargo de subsecretario de Estado y no a partir de director”.
Además, el letrado manifestó en ese momento que “como ella tiene un laboratorio privado de transfusión hemos dejado en claro cómo funciona el sistema, es bastante complejo y esto a los fines de que la población entienda que no es un negocio”.
Añadió que “la sangre no es que se cobra, lo que pasa es que a partir de la Ley Nacional de Hemoterapia la sangre se dona en el Centro de Hemoterapia, pero la transfusión al paciente se realiza a través de los centros privados”.
Para el fiscal, Saracino en su carácter de directora del Centro de Hemoterapia Regional no solo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados sino que, además, habría intervenido en paralelo como directora de la empresa Servicio de Medicina Transfusional Salta, entidad habilitada para la realización de este servicio.