Familias de los terrenos usurpado en Parque la Vega marcharon al IPV

Asentados del predio de Parque la Vega marcharon hacia el Instituto Provincial de la Vivienda, desde la zona sur de la ciudad, para pedir el no desalojo, "el cese de la criminalización de las familias asentadas" y la ejecución con plazos y presupuesto precisos de un plan de loteos populares. Además reclamaron por libertad de Renzo Yuthiel Alderete", delegado de la toma, quien se encuentra detenido e imputado por varias causas judiciales en su contra en la Alcaidía provincial. 

Son alrededor de 600 familias que se usurparon el predio.

Diversas organizaciones sociales y de DD HH acompañaron y convocaron a la manifestación.

El gobierno provincial aún no ha fijado plazos concretos para comenzar la urbanización de tierras para adjudicar a las 10.000 familias que había prometido beneficiar con el plan Mi Lote.

 

Entre las demandas, se encuentra la urbanización de tierras públicas con la finalidad de organizar loteos sociales para todas las familias sin techo y fecha y plazos precisos de comienzo de obra del Plan Mi Lote y "la determinación de presupuesto en forma inmediata y verificable".

En mediación

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, no tiene previsto desalojar el predio porque hay un proceso de mediación que está en marcha en el que interviene el área de Mediación Penal del Ministerio Público Fiscal. Por una parte están las familias asentadas y por otra los funcionarios del Ejecutivo provincial. "La idea es llegar a un consenso, es decir, que las partes le pongan empeño y haya consenso para que se retiren, pero no está prevista una orden de desalojo", destacaron las fuentes.

Alderete fue detenido hace una semana, al mediodía, a pocas cuadras del asentamiento, cuando volvía junto a otros delegados de una reunión con funcionarios provinciales en el Centro Cívico Grand Bourg, a donde habían sido citados.

El fiscal penal Córdoba Mazuranic lo imputó el jueves pasado por los delitos de entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte y comunicación (2 hechos), lesiones leves, coacción, amenazas, coacción agravada y retención indebida (4 hechos) a partir de 11 actuaciones iniciadas ante las denuncias radicadas por personas que participaron del asentamiento y vecinos de la zona en su contra.

 

 

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