La estafa millonaria a docentes con viviendas y lotes dejó a 120 familias endeudadas. Muchas de ellas invirtieron todo lo que tenían para poder acceder a los lotes del fideicomiso Urkupiña encabezado por la exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz. La gremialista fue imputada hace unos días junto a su mano derecha, Ana María Cerezo, su hermano, Roberto Argañaraz y su pareja, Nicolás Zissi.

Las familias perjudicadas piden que sea la ADP la que se haga cargo de las estafas ya que el plan de viviendas era impulsado y hasta desarrollado desde la institución. "Para acceder había que ser afiliado a la ADP. Además se estaban haciendo en los propios terrenos de la ADP. La institución era la garantía porque se presentaba como un plan de ADP, incluso hay recibos de dinero de la propia asociación. Ellos son la figura clave", advirtió Eduardo Romani que junto a otros abogados representa a 68 familias perjudicadas.

Fueron en total 120 familias las fiduciarias, pero ninguna llegó a tener su casa, tampoco su terreno. Se llegaron a medio construir solamente 22 viviendas que quedaron abandonadas en los loteos de Aire de los Andes, sobre la ruta 51. Eran dos los terrenos que el fideicomiso vendía, el otro pertenece a la ADP y está ubicado en Cerrillos, al lado del camping de la Asociación. Allí no se llegó a levantar ni un ladrillo.

El plan de viviendas era promocionado por los canales de la ADP, en la revista institucional y mediante carteles en los diferentes edificios de la institución. Las 120 familias pagaban según tres categorías vigentes que respondía al tipo de casa elegida: habían de una sola planta con dos habitaciones o de tres pero con un baño, las más grandes eran de dos plantas con tres habitaciones y dos baños.

El plan habitacional para docentes constaba de la venta de los loteos más la construcción de las casas. Los terrenos debían ser abonados de una sola vez, mientras que las viviendas eran financiadas. La estafa es millonaria, algunas familias llegaron a pagar hasta 700 mil pesos por los terrenos. En el 2019, cuando explotó todo, las familias ya tenían cancelado los terrenos y estaban pagando las cuotas de la construcción. Algunos venían abonando las cuotas desde el 2016. "El punto más grave es que ni siquiera se compraron los terrenos", advirtió Romani.

Consultado por la responsabilidad de terceros, el abogado apuntó contra la ADP: "Son los que allanan el camino para que pase lo que pasó", insistió.

El abogado además criticó la postura de la comisión directiva actual que expulsó a Argañaraz, pero Ana María Cerezo, mano derecha de Argañaraz, también imputada, continúa en sus funciones como tesorera. "Los mismos del fideicomiso eran los de ADP", indicó Romani en referencia a quienes fueron imputadas por la Unidad de Delitos Económicos como "coautoras".

El abogado apuntó contra la asociación por "responsabilidad solidaria". "Todos formaron un equipo. La actual comisión se tiene que hacer cargo por los errores viejos", aseveró.

Pero la comisión directiva que asumió junto a Argañaraz y tiene mandato hasta el año próximo niega responsabilidad alguna, lo que Romani consideró de "mal gusto" porque "va en contra de sus propios socios".

La responsabilidad de los fondos a devolver deberá dirimirse en las denuncias civiles que se impulsaron junto con las penales.

Las familias piden que se les devuelva lo invertido, actualizado con los índices inflacionarios. "Que haya resarcimiento económico por el daño que causó a la gente", pidió además su representante.

 

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