Tráfico de personas: Cuatro hermanos con  actividades conocidas

Según reveló en los audios el denunciante, los hermanos Ochoa son, además de una empleada municipal, dos docentes, uno de ellos director de un colegio secundario, y un cuarto hermano, que es policía retirado. A uno de los integrantes de esta familia se lo ve en una de las filmaciones cuando cobra a varios jóvenes que ingresan por el terreno usurpado desde Bolivia.

Pero increíblemente, y a pesar de las evidencias difundidas por este y otros medios, ninguna autoridad con competencia federal tomó medida alguna respecto de estos hechos.

En un video puede observarse también a los móviles policiales y otro de Gendarmería Nacional que transitan por la calle a la que da el frente del terreno -territorio argentino-, pero cuyo fondo llega a la quebrada internacional.

$15.000 se cobra a los camiones que llevan mercadería de contrabando y cruzan a Bolivia, cuando por el puente internacional deberían tributar al menos $70.000.

En ese lugar se pueden ver, en otras filmaciones, cómo los ilegales ingresan desde la quebrada internacional, llegan hasta una pared, abonan el "peaje" e ingresan hacia la Argentina sin ningún problema.

  Fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón.

Al ser consultado sobre la denuncia del damnificado, por el supuesto armado de una causa y por la que responsabiliza al personal policial, Cazón consideró que "ese tema debe ser motivo de investigación. Por el momento, lo que se hizo es ordenar la restitución del terreno al damnificado".

Luego de hacer pública su denuncia el damnificado no hizo más que reiterar en sede judicial todos los detalles que se hicieron públicos por sus audios, fotos y videos.

"Como el hombre también denunció apremios ilegales por parte del personal de la comisaría N§ 40, junto a su abogado radicó una denuncia en la Fiscalía de Derechos Humanos. El tema del armado de la causa para sacarlo del medio y poder usurpar su propiedad como lo denuncia, debe ser investigado y demandará su tiempo", manifestó el agente fiscal, quien prefirió no precisar, al menos por el momento, si se inició una causa penal contra quien ejercía la jefatura de la comisaría 40 de esa localidad de frontera, a raíz de esta gravísima denuncia.

$500 cobraban los hermanos Ochoa por cada indocumentado boliviano que ingresaba a nuestro país. La maniobra se incrementó durante los meses de cuarentena.

El denunciante también dio el nombre de otra familia a la que la policía también le habría armado una causa para que queden detenidos y poder disponer de ese terreno ubicado muy cerca de su propiedad.

Además, los Ochoa son propietarios de varios inmuebles en la misma zona, pero aspiran a quedarse con toda la franja del barrio que da a la quebrada internacional para no tener competencia.

 

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