¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25°
28 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
PUBLICIDAD

Una crisis que muestra a la democracia avasallada

Domingo, 04 de octubre de 2020 01:53

La Suprema Corte de Justicia al hacer lugar al per saltum en la causa abierta por el traslado de tres jueces por un decreto del presidente Alberto Fernández revela la magnitud institucional del problema. El máximo tribunal intervino porque lo que está en juego es la independencia de los poderes del Estado y el derecho de todos los ciudadanos a un juez natural.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Suprema Corte de Justicia al hacer lugar al per saltum en la causa abierta por el traslado de tres jueces por un decreto del presidente Alberto Fernández revela la magnitud institucional del problema. El máximo tribunal intervino porque lo que está en juego es la independencia de los poderes del Estado y el derecho de todos los ciudadanos a un juez natural.

El sistema institucional no admite la concentración del poder en la figura presidencial.

Esta crisis, junto con todo el plan de reformas del sistema judicial que la precede, muestra una tendencia del oficialismo que va en sentido contrario.

En este intento de traslado, la estructura institucional fue socavada y avasallada. En el Congreso, los senadores oficialistas convalidaron un decreto, que incluía un nuevo acuerdo para los jueces en cuestión -algo ajeno a la letra y al espíritu de la ley-; luego, los tribunales inferiores, hasta la Cámara de Casación, y el Consejo de la Magistratura, presidido por un militante de Justicia Legítima, Alberto Lugones, habían convalidado la iniciativa. Solo faltaba el dictamen de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que se postergó porque un miembro votó a favor, otro en contra y el tercero se excusó porque él mismo ocupa ese lugar por un decreto de traslado.

Desde 1995 hubo 65 traslados de magistrados como práctica para cubrir vacantes. El método nunca fue objetado. En el año 2000, el Consejo de la Magistratura redactó un reglamento. Los gobiernos kirchneristas realizaron 23 cambios de destino y el macrista, 22. La condición de un nuevo acuerdo es un artilugio aplicado para tres magistrados que intervinieron en causas contra la expresidenta y actual jefa del Senado, Cristina Fernández.

Es tan irregular el procedimiento contenido en los decretos 750/20, 751/20 y 752/20, que pretenden hacer cesar en sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al miembro del Tribunal Oral Federal 7, Germán Castelli, que ninguno de los tres jueces aceptó la ficción que les proponía el Senado cuando los citó para una improcedente renovación de pliegos.

La Corte Suprema aprobó el per saltum. El presidente, Carlos Rosenkrantz, utilizó el concepto de "gravedad institucional" y sostuvo que el máximo tribunal no podía esperar a un "hecho consumado que debilite o anule su poder para restablecer la plena vigencia de la Constitución".

Los otros cuatro ministros, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, sostuvieron que el caso "excede el mero interés de las partes" e involucra a la "comunidad". También afirmaron que "el planteo constitucional ... excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales".

Rosenkrantz destacó que el caso pone en juego "la validez constitucional de la revisión retroactiva" de las designaciones de decenas de magistrados, por lo que podría estar en juego la inamovilidad de los jueces nacionales...", afirmó.

Las causas por las que están procesados la vicepresidenta y decenas de empresarios, exfuncionarios y operadores, son demasiado graves y con dimensión institucional como para reducirlas a una persecución política.

La realidad es que no hay peor daño para la democracia real y genuina que el sometimiento de la Magistratura y el Congreso al Ejecutivo. Desde el primer momento, era evidente que esta decisión debía pasar por la Suprema Corte, porque este tribunal, y con su actual composición, ya había convalidado explícitamente los traslados de dos de los jueces.

Dentro de unos días se conocerá el dictamen sobre la cuestión de fondo.

Una vez más, queda en evidencia que una Justicia parcial y sometida no es Justicia.

Es imprescindible consolidar la independencia del sistema judicial, empezando por modificar la composición del Consejo de la Magistratura, para evitar que funcione como una oficina al servicio de una facción política.

Es necesario que la política, en general, deje de privilegiar los intereses sectarios y privilegie, de una vez por todas, los derechos ciudadanos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

PUBLICIDAD