La Cámara de Diputados agendó para la sesión virtual de hoy un proyecto de ley para prohibir que en Salta se cobre por la transfusión de plasma a pacientes afectados por COVID-19. La iniciativa legislativa es impulsada a raíz de la pretensión de un centro privado de cobrar 30 mil pesos por el plasma que el Centro de Hemoterapia provee sin costo para el tratamiento de infectados.
Ante la denuncia pública intervino el Ministerio Público Fiscal y el fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, imputó al médico Martín de la Arena, por el delito de tentativa de fraude a la Administración Pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado provincial.
El proyecto de ley que debatirán los diputados impulsa la prohibición en la provincia de Salta toda facturación o arancel que las plantas de hemoderivados pertenecientes al sector privado establezcan para las prácticas médicas vinculadas a la extracción, envasamiento y distribución del Plasma Convaleciente para el tratamiento de la COVID-19 por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por la ley 8.188.
La iniciativa también propone que el Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de la ley 7.854, de donación de sangre voluntaria, realice convenios con las plantas de hemoderivados pertenecientes al sector privado con el objeto de proveer los insumos necesarios para el procesamiento y distribución del plasma convaleciente COVID-19 destinado a los pacientes hospitalizados en el sistema sanitario público y privado de la provincia.
Por un lado se pretende evitar abusos y por otra parte disponer que sea el Estado a través de la autoridad de aplicación respectiva el que intervenga en estos procesos, fundamentan los diputados oficialista autores del proyecto, Esteban Amat, Javier Diez Villa, Mónica Juárez y Germán Rallé.
La Cámara Baja retomará hoy las sesiones virtuales luego de tres semanas sin actividad a raíz de una treintena de casos de coronavirus que se registraron entre empleados y legisladores.
La paralización de las sesiones remotas fue fuertemente cuestionada por diputados de la oposición y generó un crispado cruce con el presidente del cuerpo, Esteban Amat.
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La Cámara de Diputados agendó para la sesión virtual de hoy un proyecto de ley para prohibir que en Salta se cobre por la transfusión de plasma a pacientes afectados por COVID-19. La iniciativa legislativa es impulsada a raíz de la pretensión de un centro privado de cobrar 30 mil pesos por el plasma que el Centro de Hemoterapia provee sin costo para el tratamiento de infectados.
Ante la denuncia pública intervino el Ministerio Público Fiscal y el fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, imputó al médico Martín de la Arena, por el delito de tentativa de fraude a la Administración Pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado provincial.
El proyecto de ley que debatirán los diputados impulsa la prohibición en la provincia de Salta toda facturación o arancel que las plantas de hemoderivados pertenecientes al sector privado establezcan para las prácticas médicas vinculadas a la extracción, envasamiento y distribución del Plasma Convaleciente para el tratamiento de la COVID-19 por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por la ley 8.188.
La iniciativa también propone que el Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de la ley 7.854, de donación de sangre voluntaria, realice convenios con las plantas de hemoderivados pertenecientes al sector privado con el objeto de proveer los insumos necesarios para el procesamiento y distribución del plasma convaleciente COVID-19 destinado a los pacientes hospitalizados en el sistema sanitario público y privado de la provincia.
Por un lado se pretende evitar abusos y por otra parte disponer que sea el Estado a través de la autoridad de aplicación respectiva el que intervenga en estos procesos, fundamentan los diputados oficialista autores del proyecto, Esteban Amat, Javier Diez Villa, Mónica Juárez y Germán Rallé.
La Cámara Baja retomará hoy las sesiones virtuales luego de tres semanas sin actividad a raíz de una treintena de casos de coronavirus que se registraron entre empleados y legisladores.
La paralización de las sesiones remotas fue fuertemente cuestionada por diputados de la oposición y generó un crispado cruce con el presidente del cuerpo, Esteban Amat.
Freno a la doble precandidatura
Diputados también agendó un proyecto de ley para prohibir que sea precandidato en las primarias provinciales quien se postule a un cargo nacional el mismo año. La propuesta tiene origen en el escándalo que protagonizó el exdiputado nacional kirchnerista Juan Ameri en el Congreso nacional y que dejó mal parados a la provincia y a los políticos salteños.
Con esta ley se procura poner freno a la doble candidatura para acabar con la especulación política y dar el primer paso hacia un nuevo esquema de representación.
Para ello se propone agregar esta disposición al concepto de incompatibilidad que fija el artículo 5º de la ley 7.697, que rige las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Este sistema está bajo la lupa de la reforma electoral que quiere empezar a debatir el Senado, donde hay tres proyectos con esa finalidad y uno ya tiene media sanción de Diputados.
Desde la oposición el diputado del PJ, Manuel Godoy, consideró que la modificación contra las dobles precandidaturas va a contramano de la eliminación de las PASO y por ello sostiene que el oficialismo “corre el arco todo el tiempo”.
En el Senado
Por otro lado, una iniciativa legislativa propone la creación de un fondo solidario de retiros y contingencias para personal de salud, policial y todo aquel que presta servicios esenciales en la lucha contra la COVID-19.
El autor del proyecto, el senador Esteban D’Andrea, anticipó que se procura cubrir las contingencias que afectan gravemente a estos sectores, con una contribución para el supuesto que sus trámites ante la Anses se encuentren pendien tes.