El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentará este martes ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso su informe Anual 2020, un extenso diagnóstico de casi cien páginas en el que marcó como "indispensable realizar una modificación integral de la política criminal del Estado", a la vez que señaló que este año, durante la pandemia, "la tasa de contagios fue menor en los penales que la registrada en la sociedad en general, aunque el índice de letalidad fue superior".
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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentará este martes ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso su informe Anual 2020, un extenso diagnóstico de casi cien páginas en el que marcó como "indispensable realizar una modificación integral de la política criminal del Estado", a la vez que señaló que este año, durante la pandemia, "la tasa de contagios fue menor en los penales que la registrada en la sociedad en general, aunque el índice de letalidad fue superior".
De este análisis de la situación carcelaria en el país al que tuvo acceso Crónica se desprende que de las 23 jurisdicciones provinciales, sólo 5 no están sobrepobladas, mientras que 8 provincias registraron porcentajes superiores al total nacional, que alcanzó un promedio del 25%: San Juan (108%), La Rioja (55%), Jujuy (51%), Buenos Aires (44%), Salta (42%), San Luis (35%), La Pampa (34%) y Misiones (27%).
"El hacinamiento es histórico, las leyes de flagrancia generaron un crecimiento tremendo. Con la pandemia eso se agudizó, aunque no hizo estragos. La población carcelaria colaboró solidariamente, se la re-bancaron, a pesar de los motines que hubo", explicó a Crónica, la comisionada del CNPT, Diana Conti.
En este sentido, el documento destaca que la superpoblación carcelaria se potenció notablemente a partir de 2016, fenómeno que se asocia a la implementación de la ley 27.272 de "Procedimiento para casos de flagrancia" -que establece que si un delincuente es detenido "in fraganti", debe ser detenido cualquiera sea el delito-, por lo que entre ese año y 2019 se triplicó la cantidad de personas privadas de la libertad.
Al respecto, Conti afirmó: "Las cárceles no están llenas de condenados, sino de presos, detenidos. Gente que cometió delitos leves; los jueces deberían tomar opciones alternativas sin ser mal visto".
En cuanto al mal uso de las comisarías, las alcaldías y otros espacios no penitenciarios para la detención prolongada de personas, sin que cumplan con las condiciones mínimas para ello, la comisionada explicó: "Esto es indebido, y durante el coronavirus se hizo que los detenidos cumplieran el aislamiento de 14 días en las celdas. Necesitamos volver a leyes racionales y tiene que haber un cambio cultural de la comprensión". Además, en este sentido destacó que, si bien "la tasa de contagios de la enfermedad fue inferior a la que presenta la sociedad argentina en general, la tasa de letalidad se duplicó en los lugares de encierro".
En este sentido, un dato no menor sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense muestra que entre marzo y mayo de este año se produjo un aumento del 19% de detenciones, cuando el incremento intermensual porcentual promedio -excluyendo el mes de mayo-, era del 2%. En tan sólo cinco meses de 2020 la cantidad de personas privadas de la libertad en las comisarías bonaerenses creció más que durante todo 2019.
Crónica