El femicidio de la profesora salteña Paola Tacacho en la provincia de Tucumán, a manos de un exalumno acosador, Mauricio Parada Parejas, dejó al descubierto la falta de investigación y seguimiento de los casos de violencia de género.
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El femicidio de la profesora salteña Paola Tacacho en la provincia de Tucumán, a manos de un exalumno acosador, Mauricio Parada Parejas, dejó al descubierto la falta de investigación y seguimiento de los casos de violencia de género.
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) expresaron su preocupación por la problemática en Salta.
Al ser consultada sobre la situación, la directora del OVcM, Ana Pérez Declercq, explicó que “en términos generales el problema es que no hay un seguimiento de los casos, o sea, en primera instancia hay un derecho a la información que no se cumple”.
Y ejemplificó: “Cuando una persona llega a la comisaría, la institución está obligada a dar información respecto a si tiene que acceder a un kit de profilaxis en caso de violación, o a una ILE (Interrupción Legal del Embarazo) o a una defensora oficial. Toda esa información se debería brindar al momento de la denuncia y posteriormente también”.
La problemática en Salta es compleja. Añadió que por un lado, la mitad de la provincia está sin áreas de género que serían las encargadas de hacer ese seguimiento y que por otro lado, el Polo Integral de las Mujeres está concentrado en la capital salteña y no realiza un seguimiento, sino un primer abordaje. “Entonces debería existir algún sistema de seguimiento para que, por ejemplo, se constate si se están cumpliendo las medidas de protección que se le asignaron a una persona o si se la derivó a un centro para asistencia psicológica, o si consiguió turno. Esa constatación, seguimiento debería estar a cargo del Polo de las Mujeres”, indicó.
Declercq aseguró que ese trabajo de seguimiento se traduce en recursos humanos y un presupuesto específico para la Ley de Emergencia de Género. “Las dos cuestiones, tanto de presupuesto, como de recursos humanos, son carentes en la provincia, no existen”, hizo hincapié.
Las leyes
Con relación a la falta de investigación y seguimiento a potenciales femicidas denunciados, tal como ocurrió en el caso de la profesora asesinada por Parada Parejas en Tucumán, Declercq expresó: “Esto tiene que ver con las leyes argentinas referidas a la violencia de género que tienen una mirada de protección a la víctima y si no hay lesiones no entra en el foro penal y no hay seguimiento del agresor”.
Incluso, la Justicia ordena, por ejemplo, como primera medida que el agresor no se acerque a la vivienda de la persona “pero la única persona que puede constatar que no se acercó o acerca es la propia víctima. En el caso de que se acerque tiene que hacer una nueva denuncia pero al no tener acompañamiento adecuado, se desconoce que debe hacer la denuncia si el agresor no cumple con la medida y entramos en la falla del sistema”.
Falta de presupuesto
En 2014 fue declarada la Ley de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la provincia de Salta. “La ley fue declarada hace más de seis años y no vimos presupuesto específico. Tenemos que tener dinero para la Ley Micaela (de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, promulgada en 2018), para tener psicólogas en cada localidad ya que no hay. Todo eso se traduce en la falta de recurso económicos porque cuando uno ve que no destinan recursos a esta problemática entendemos que no la ven, no cobra la gravedad que tiene”, recalcó la directora Declercq.
Destacó, además, la importancia de que la Educación Sexual Integral (ESI) también cuente con un presupuesto provincial propio. “Dicen que hay que prevenir y la prevención comienza en los niños que deben estar capacitados para no reproducir patrones violentos porque si seguimos con los patrones violentos y pensando que la solución son más cárceles no vemos el problema de fondo. Hay que frenar el problema antes, en la niñez”, finalizó.