Salvador Mazza vivió jornadas de gran tensión luego de que familias que residen en parajes pertenecientes a ese municipio de frontera decidieran adoptar la drástica medida de cortar el acceso a la localidad a la altura de puente Guandacarenda que marca la finalización de la ruta nacional 34 y el comienzo de la avenida San Martín.
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Salvador Mazza vivió jornadas de gran tensión luego de que familias que residen en parajes pertenecientes a ese municipio de frontera decidieran adoptar la drástica medida de cortar el acceso a la localidad a la altura de puente Guandacarenda que marca la finalización de la ruta nacional 34 y el comienzo de la avenida San Martín.
Los manifestantes permanecieron cortando el puente y por ende impidiendo la llegada y la salida de los camiones que hacen el comercio internacional entre Argentina y Bolivia ya que es el único punto por el que los camiones pueden transitar para tomar luego la ruta nacional 34 hacia el sur o el puente internacional Salvador Mazza - Pocitos, los que van hacia el norte (Bolivia).
En el lugar durante tres días consecutivos se vivieron momentos de tensión porque los vecinos que residen en El Sauzal, Madrejones, Icua entre otros lugares, le reclamaban al municipio agua y electricidad, servicios con los que no cuentan prácticamente desde siempre ya que solo son abastecidos por camiones y chulengos del municipio. En el caso de El Sauzal, el más cercano de los parajes al pueblo de Salvador Mazza cuentan con un pozo de agu, pero los constantes cortes en el servicio eléctrico habían malogrado la bomba y otras instalaciones por lo que no podían obtener el vital elemento.
Los vecinos de esos parajes se negaron durante todos los días que duró el corte de ruta a dialogar con cualquier funcionario que no fuera el intendente de la localidad Rubén Méndez, quien regresó a Salvador Mazza el viernes anterior y los recibió en su despacho. Allí se firmó un acta compromiso donde el intendente Méndez se comprometió a solucionar en forma paulatina los reclamos de esas familias.
Es un drama social
El intendente de Salvador Mazza Rubén Méndez consideró que "nosotros como municipio quisiéramos darles las soluciones a todos, pero nos encontramos entre la espada y la pared. No desconocemos los legítimos derechos que tienen los propietarios de todas esas fincas; pero sabemos que la gente que allí reside, muchos de ellos indocumentados o de doble nacionalidad argentina-
boliviana, necesitan de los servicios esenciales. La gente se ha manifestado durante toda la semana anterior con cortes de ruta exigiéndonos soluciones por eso hemos gestionado con organismos de la Provincia y la Nación para poder llevar adelante las obras para que cuenten básicamente con agua".
Méndez no desconoció que "detrás del corte de ruta estuvieron punteros políticos que a la vista de todos les llevaban víveres para que la gente permanezca haciendo esa medida tan drástica y por tantos días. El agua es una cuestión humanitaria y desde el municipio estamos trabajando en reparar las instalaciones del pozo que se perforó en El Sauzal y acercándoles el agua con camiones a las otras comunidades. Pero es una situación muy compleja en la que estamos como municipio con dos posturas que son difíciles de que acuerden porque por un lado las familias piden servicios y por otro, los propietarios que les devuelvan sus tierras o que la provincia se las pague", expresó Méndez.
Bolivianos, indocumentados y usurpadores
Quienes le reclamaron a Méndez haberse comprometido a gestionar inversiones, tanto de la Provincia como de la Nación, proveer servicios básicos como agua y electricidad y la apertura de caminos, que faciliten el tránsito de los vecinos de esos parajes, fueron los legítimos propietarios de esa finca, la familia Barroso que reside en la localidad de frontera y que adquirió las tierras hace más de un siglo. Ellos enviaron una nota al intendente Méndez el 7 de noviembre, y reclaman: “Habernos excluído del diálogo que mantuvo con personas de nacionalidad boliviana, quienes con cortes de ruta violentaron el derecho de circulación de toda la población de Mazza para hacer oír sus reclamos por la fuerza”.
La nota recibida por Mendez y cuyos firmantes son 7 de los propietarios de la finca Barroso expresa, además: “Tanto el Estado municipal, provincial como nacional conocen la situación de ilegalidad en las tierras que los usurpadores exigen como propias. Garantizarles o procurarles los derechos que ellos exigen sobre un bien que no les pertenece es garantizarles la ilegalidad y vulnera nuestro derecho de propiedad”.
Héctor Barroso uno de los propietarios precisó: “Nosotros somos los propietarios donde se asentaron esas familias, muchos de ellos bolivianos e indocumentados. Primero las exigencias iban dirigidas a las empresas Tecpetrol y Refinor que, en mi opinión, si acceden a lo que esta gente exige, fomentan las usurpaciones y todas esas actitudes ilegales”. Barroso recordó: “Tiempo atrás habíamos presentado una propuesta al Gobierno de la Provincia de venta o en su defecto de permutación de tierras que no estuvieran ocupadas. Se hicieron censos en el Sector 5 que forma parte de nuestra finca y otros lotes. Pero nunca me respondieron. Hablé con funcionarios de esta gestión y tampoco recibí respuesta. No hay voluntad para solucionarlo. Por el contrario mandan gente de obras públicas y de Aguas del Norte a que inicien los estudios para hacer algunas obras en nuestra propiedad. No lo vamos a permitir porque es una propiedad privada. Los expedientes presentados son 0090144-99582 /2018 y 131-90454/2018 y esperamos una solución legal”.