Funcionarios de la Municipalidad de Cerrillos están en franca campaña por imponer al pueblo y a la Justicia los inexistentes beneficios de un cementerio de "emergencia por COVID" que montaron con descaro en un terreno inundable, sobre las casas de los barrios Villa Evita y San José. Dicen que es una ampliación de la vieja necrópolis, pero solo basta acercarse al predio de una hectárea y media para ver que ubicaron los paredones para los nichos al frente y no a continuación del antiguo camposanto. Para ser gráficos, es como si alguien ampliara su casa poniendo un baño en el jardín de un vecino de la otra cuadra.
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Funcionarios de la Municipalidad de Cerrillos están en franca campaña por imponer al pueblo y a la Justicia los inexistentes beneficios de un cementerio de "emergencia por COVID" que montaron con descaro en un terreno inundable, sobre las casas de los barrios Villa Evita y San José. Dicen que es una ampliación de la vieja necrópolis, pero solo basta acercarse al predio de una hectárea y media para ver que ubicaron los paredones para los nichos al frente y no a continuación del antiguo camposanto. Para ser gráficos, es como si alguien ampliara su casa poniendo un baño en el jardín de un vecino de la otra cuadra.
Lo explicó en una consulta de medios cerrillanos el asesor de Obras Públicas de la Municipalidad, ingeniero Infante: "No podemos enterrar a los muertos a continuación del cementerio viejo porque hay un canal ahí que está tapado y se inunda". Entonces fue que se pudo ver en medios nacionales la postal de la tumba y la pelopincho, porque ante el colapso de años del cementerio viejo, la solución rápida y barata fue enterrar a los difuntos literalmente en el fondo de las casas.
Y el mismo ingeniero Infante fue quien, como una velada amenaza o en tono de eufórico canto de guerra ganada, dijo la semana pasada en un programa de radio local: "Esta es la última nota que publica El Tribuno sobre el cementerio", anhelando quizás silenciar el espíritu crítico de la prensa independiente. Sin embargo, de prosperar este escandaloso proyecto que no contempla la más mínima planificación urbana, que sigue considerando a Cerrillos un pequeño pueblo a pesar de los 46 mil habitantes que tiene, que avanza con sus lonas de corsos y paredones sobre los pobres y sobre las investigaciones en curso, será el martillo de la historia el que dicte la sentencia de este capítulo negro de la historia cerrillana, signado por el gobierno de la necedad y el absurdo.
“Ustarez le comunicó a la intendenta que vamos a presentar un amparo en la Justicia y ella se le rió en la cara”, dijo Pedro Torres.
Solo para recordar, el cementerio de "emergencia" por COVID (aunque hace cuatro años ya no hay lugar en el viejo camposanto y los ataúdes apilados despiden su fétido olor desde un cuarto) está en un predio inundable, a menos de 50 metros del hospital Santa Teresita, a cuatro cuadras de la plaza principal, en el patio y el frente de los vecinos de Villa Evita y San José. Todos humildes, la mayoría indigentes, que se sienten imposibilitados de pelear por derechos que ellos mismos creen que no tienen, y menos cuando reciben las migajas municipales que les permiten levantar una cuchara de carbohidratos y llevarla a la boca para llenar la panza unos cuantos días del mes. No se les puede pedir más que seguir soportando la amenaza del desalojo mientras mastican su miseria. Por ellos es que se publican estas notas.
La Justicia investiga a través de la Fiscalía Penal, a cargo de Gabriel Portal, la posible comisión de delitos contra el ambiente y la salud pública por parte de la comuna de Cerrillos; y los concejales, solo tres de los nueve que tiene esta ciudad (Matías Tula, Pedro Torres y Justino Ustarez), preparan la presentación de un recurso de amparo colectivo en defensa de los vecinos y del ambiente.
La intendenta Yolanda Vega con su hijo, el coordinador municipal Valentín Sanz; el asesor legal, Mauro Martina, y otros funcionarios se presentaron ayer como invitados en el Concejo Deliberante y de entrada se desarrolló el tema del cementerio entre obsecuentes alabanzas de los seis concejales afines a Vega.
Tras el encuentro en el que la presidenta del cuerpo Nélida Torres prácticamente no dejó hablar a los opositores Ustarez, Tula y Torres, la intendenta le dijo a un medio local: "Estamos en una situación jurídica totalmente normal, haciendo el cerco perimetral para iniciar la construcción de 100 nichos para tener el espacio adecuado para nuestra gente (muerta)", ya que para los vecinos (vivos) el espacio es el menos adecuado posible.
Sobre la inundabilidad del predio y la extrema vecindad con los barrios, dijo: "Es un espacio que tiene matrícula única, es el cementerio de origen con su ampliación que se está haciendo. En julio, cuando la arquitecta me hace llegar el proyecto, insisto en que se realice una declaración de impacto ambiental aunque dentro de la ley 7070 un cementerio no requiere impacto ambiental".
Agregó: "En octubre nos entregaron el certificado de aptitud ambiental realizado por un ingeniero en recursos naturales (de quien no dio el nombre) y además el nuevo protocolo de inhumaciones para víctimas de COVID dice que los muertos por coronavirus pueden ser cremados, enterrados, ir a nichos, pueden ser trasladados luego de tres meses a otro lugar, o sea que no es contaminante". Lo que la intendenta Vega no registra es que aún no siendo contaminante un muerto por coronavirus, la figura de un cementerio montado sobre las viviendas arruina literalmente la vida de los vecinos. Pero estas consideraciones no se tienen con "ciudadanos de segunda".