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Abuso de autoridad: más de 100 policías imputados desde julio

Del centenar de efectivos acusados se requirió elevación a juicio para 37. Uno de los casos más resonantes es el del comisario Mamaní y policías de Apolinario Saravia.
Jueves, 19 de noviembre de 2020 02:16

En un cuatrimestre más de 100 policías fueron imputados por la Justicia salteña a raíz de haber cometido algún delito vinculado con excesos policiales. Entre los casos más resonantes se encuentran las acusaciones contra el comisario Walter Mamaní y cuatro policías que estaban a su cargo en la subcomisaría de El Dorado, en Apolinario Saravia. Otro de los hechos importantes es el que involucra a uniformados acusados de haber causado la pérdida de uno ojo a Luciano Cruz.

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En un cuatrimestre más de 100 policías fueron imputados por la Justicia salteña a raíz de haber cometido algún delito vinculado con excesos policiales. Entre los casos más resonantes se encuentran las acusaciones contra el comisario Walter Mamaní y cuatro policías que estaban a su cargo en la subcomisaría de El Dorado, en Apolinario Saravia. Otro de los hechos importantes es el que involucra a uniformados acusados de haber causado la pérdida de uno ojo a Luciano Cruz.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el período comprendido entre julio y la fecha la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a cargo de la doctora Verónica Simesen de Bielke, realizó 101 imputaciones a policías, de las cuales se requirió la elevación a juicio de 37 uniformados. En ese mismo lapso de tiempo se registraron 409 denuncias por abusos sexuales.

Consultada por la situación, la doctora Simesen de Bielke señaló que le llamó la atención la cantidad de efectivos que tuvieron que ser imputados, "no pesábamos que eran tantos", le dijo a El Tribuno, al mismo tiempo sostuvo que muchos de los casos vienen de años anteriores y otros de este atípico año -por la pandemia del coronavirus-.

Se trata de una problemática vigente desde hace muchos años en la provincia, uno de los factores que tiene que ver es la falta de preparación que los uniformados tienen a la hora de actuar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que "el abuso se relaciona con el tipo de fuerza de la que forma parte", apuntó la fiscal de DDHH.

En este último sentido hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el personal de Infantería por lo general utiliza armas no letales en forma indiscriminada; por el lado de la motorizada, que son los del 911, allí radica un importante número de casos, en esa fuerza suelen utilizar la fuerza física que, en algunos casos, los excesos de golpes rozan el trato salvaje por parte de un funcionario policial contra un civil.

También hay causas donde los uniformados actuaron al margen de la ley contra personas ya detenidas a quienes golpearon en el interior de una comisaría, castigo y golpes que nada tienen que ver con el accionar policial adecuado. Son solo algunos de los parámetros que desde la Fiscalía Penal de Derechos Humanos vienen registrando.

Es importante recordar que desde el martes 11 de agosto se encuentra habilitado el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales. El vínculo solo está habilitado para denuncias vinculadas con la posible comisión de esos delitos y no de otros, para los cuales existen fiscales penales comunes y especializadas, según el caso.

Proyecto

Simesen de Bielke recordó que entre las posibilidades para mitigar la violencia institucional, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado un proyecto de reforma de la ley N§ 7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal, "la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía", que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

En el inicio de julio, el procurador Abel Cornejo dispuso que la fiscal Verónica Simesen de Bielke se hiciera cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82 y 83 del Código Procesal.

 

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