</TIT-SEG-22R>
inicia sesión o regístrate.
</TIT-SEG-22R>
™
</OPINION-FIRMA> Por Graciela Peyru (*)
Médica y escritora
™
En los aeropuertos del mundo y de las ciudades argentinas debiera ponerse un cartel que diga:
¡Riesgo! usted está entrando a una ciudad donde existe una epidemia de violencia de género que incluye violaciones, maltrato y femicidio. Tome precauciones.
Como nos hemos enterado por todos los medios, acaba de ocurrir en Tucumán un femicidio más. En medio de la pandemia de COVID-19 que afecta también a la Argentina, la pandemia de violencia de género sigue su curso inalterable en nuestro país. Quizás sería conveniente informar reiteradamente de la violencia de género como una importante epidemia en curso.
Cuando las acciones violentas contra las mujeres se repiten tan a menudo, se genera sobre la población un efecto muy similar a la tolerancia a las drogas y como las adicciones se requiere cada vez dosis más fuertes de violencia para que sea percibida como tal. Esa adaptación se llama insensibilización. Si esto se cristaliza adquiere las cualidades de una barrera emocional infranqueable. Por este motivo necesitamos volver a denunciar.
La Argentina puede estar orgullosa: la letra de sus leyes protectora es amplia y consagra los derechos de las mujeres a la vida, a la libertad y a la integridad física, psicológica y sexual. Así lo hacen las leyes locales y los tratados internacionales de los que somos signatarios. Con estas leyes en vigencia se produjo el femicidio de Paola Estefanía Tacacho. Sus insistentes y angustiosas presentaciones ante la Justicia no promovieron, una vez más, una respuesta adecuada. Dado que esto ocurre en el 22% de las denuncias actuales, podríamos concluir que existe en los hechos una legalización de la violencia de género.
Una de las variantes preferidas de la legalización es la que fue decisiva en el caso de Paola Estefanía Tacacho: no investigar las denuncias de modo activo y dirigente, incluso al punto de no realizar ninguna investigación.
Frente a la terrible muerte de Paola Estefanía Tacacho, la sociedad entera debe reaccionar y manifestar su rechazo ante la pasividad del Estado y de cara a la actitud del juez Francisco Pisa quien desestimó las reiteradas amenazas contra la vida de una mujer autónoma y libre.
¡¿Cómo un juez puede creer que alguien que ha infringido la ley durante cinco años va a tomar como válida una orden de exclusión y no indica por consiguiente medidas de mayor exigencia y rigor?!. La respuesta es que el juez forma parte de los mecanismos de legalización de la violencia contra las mujeres.
La inoperancia de la Justicia frente a los riesgos que corren las mujeres diariamente sólo por el hecho de ser mujeres es un poderoso promotor de esta epidemia que vivimos, no sólo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica y el mundo.
Necesitamos redefinir nuestros esfuerzos con visión al futuro y con un objetivo importante prevenir la mortalidad prematura de las mujeres a causa del maltrato y del femicidio.
La lucha contra la violencia de género no es ni será sencilla. Desarmar la trama social de aceptaciones y connivencias existentes requiere un compromiso social sostenido que nos involucre en una acción conjunta con nuestras instituciones.
(*)Graciela Peyru es médica psiquiatra y autora del libro “Mujeres en riesgo”, 2020. Edición Universidad Cooperativa de Colombia.