El 10 de diciembre se cumplen 37 años del retorno a la democracia en nuestro país. En el presente texto me refiero, en términos comparativos, a la transición a la democracia tanto en Argentina como en Chile. La pregunta que cabe hacernos es: ¿las transiciones democráticas de Argentina y de Chile fueron pactadas?
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El 10 de diciembre se cumplen 37 años del retorno a la democracia en nuestro país. En el presente texto me refiero, en términos comparativos, a la transición a la democracia tanto en Argentina como en Chile. La pregunta que cabe hacernos es: ¿las transiciones democráticas de Argentina y de Chile fueron pactadas?
El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas militares encabezadas por el dictador Augusto Pinochet derrocaron al presidente Salvador Allende. Después de 17 años de dictadura, Chile retorna a la democracia. El 11 de marzo de 1990, asume Patricio Aylwin como presidente de Chile al recibir de parte de Augusto Pinochet la banda presidencial. Aylwin y su Gobierno se enfrentaron a la difícil misión de restablecer la democracia bajo la mirada vigilante de las Fuerzas Armadas. En el caso argentino, la dictadura instaurada en 1976 fue la última de una serie de dictaduras que comenzaron en 1930 y que continuaron con los golpes de Estado suscitados en 1943, 1955, 1962 y 1966. La última dictadura, también llamada "Proceso de Reorganización Nacional", se inició con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 y duró hasta 1983. Sumió a la sociedad argentina en la página más cruel y trágica de toda nuestra historia nacional.
En Argentina la democracia retorna el 10 de diciembre de 1983. En ese tiempo en nuestro país existía un bipartidismo fuerte que hegemonizaba el escenario de la política: la UCR y el peronismo. Los principales candidatos eran Ítalo Argentino Luder por el justicialismo y Raúl Alfonsín por el radicalismo. El candidato peronista aceptaba la ley de autoamnistía dictada por los militares y que establecía la imposibilidad de enjuiciar a los responsables del terrorismo de Estado. En cambio, Raúl Alfonsín la rechazó y no sólo proponía derogarla, sino que proponía los tres niveles de responsabilidad: los que habían dado las órdenes, los que las habían cumplido en un clima de horror y coerción, y los que se habían excedido en el cumplimiento, lo que se denominó Ley de Obediencia Debida. El 30 de octubre de 1983, Alfonsín obtuvo un triunfo contundente con el 52% de los votos, derrotando a Ítalo Argentino Luder, quien alcanzó el 40% de los votos
Marcos Novaro, citando a Guillermo O'Donnell, ha afirmado que las transiciones democráticas en nuestro continente pueden ser clasificadas en dos categorías. En el caso de la transición chilena, fue precedida y acompañada de acuerdos entre el régimen autoritario en decadencia y las fuerzas democráticas, lo que la constituyó en un proceso lento, condicionado por el poder remanente de los militares. En el caso de Argentina con Raúl Alfonsín, donde los acuerdos estuvieron ausentes, los militares no lograron imponer condiciones porque las fuerzas democráticas derrotaron en forma inapelable al autoritarismo y al régimen dictatorial. Alfonsín recibió una pesada herencia como legado, en términos de crisis económica, violaciones a los derechos humanos y debilidad del Estado. Estas transiciones se dieron en un contexto muy difícil porque todos los países de la región soportaban regímenes militares. El nuevo gobierno que comienza en 1983 en Argentina, liderado por Raúl Alfonsín, fue un período de transición del autoritarismo hacia la democracia, presentado como un proceso de ruptura. Una transición no pactada. Es por eso que Raúl Alfonsín, apenas dos días después de asumir como presidente, firmó dos decretos, 157 y 158; el primero establecía la necesidad de investigar penalmente a los referentes de grupos armados como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.); y el segundo, ordenaba el juicio a los excomandantes que integraron las tres juntas militares por su responsabilidad en los homicidios, torturas, detenciones ilegales y desapariciones de personas, perpetrados entre 1976 y 1983.
El 15 de diciembre de 1983, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Esta desempeñó la función de recibir denuncias y pruebas. Posteriormente, esos documentos fueron enviados a los jueces para averiguar el paradero de personas desaparecidas y así, determinar el sitio donde pudiesen encontrarse los niños y personas secuestradas; situación que conllevaría a emitir un informe final.
A diferencia de la transición democrática argentina, la chilena fue acordada y/o pactada, tal es así que la democracia chilena con el presidente Patricio Aylwin Azócar debió lidiar con condicionamientos aceptados en la negociación entre actores políticos y el régimen dictatorial. Uno de los condicionamientos estuvo vinculado a la Constitución reformada por Pinochet en 1980. Dicha reforma le sirvió a la dictadura de Pinochet como garantía de supervivencia de instituciones y procedimientos autoritarios al interior del nuevo sistema político. Los condicionantes más importantes a la transición democrática chilena fueron: el sistema electoral binominal, que relativizaba la representación a las minorías; los senadores designados y no elegidos; esto significó la legitimidad de Pinochet como senador vitalicio en su condición de expresidente de la república. La permanencia del general Pinochet como comandante en jefe del ejército entre los años 1990-1998; la inmovilidad administrativa de los funcionarios designados por la dictadura, y por último, la prohibición al nuevo Congreso para disponer de facultades de investigación sobre los hechos acontecidos durante la dictadura de Pinochet.
Por todo ello podemos afirmar que la transición democrática argentina por el contexto latinoamericano colmado de Gobiernos dictatoriales en la década de los 80 y, por haber juzgado los crímenes más atroces en la historia reciente de nuestro país, la ruptura con esta y la no negociación de condiciones de impunidad para los militares, es considerada un ejemplo de "justicia transicional". Por tanto, no existe ningún país en el mundo que haya hecho, en materia de derechos humanos, lo que la Argentina hizo en el periodo de 1983 a 1989 juzgando a las juntas militares.