La Resolución 1111 que crea la UFEM, repasa que en 2019 se aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el “Protocolo para la investigación y litigios de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, confeccionado por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Y que se intensificó el abordaje de los fenómenos criminales de mayor complejidad y connotación social, para lograr intervenciones coordinadas y efectivas. Por ello, no resultó indiferente a la gestión el incremento de femicidios en la provincia, y ante el reclamo social, el Procurador consideró oportuno profundizar y potenciar la política criminal del organismo, con un criterio de especialización.
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La Resolución 1111 que crea la UFEM, repasa que en 2019 se aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el “Protocolo para la investigación y litigios de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, confeccionado por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Y que se intensificó el abordaje de los fenómenos criminales de mayor complejidad y connotación social, para lograr intervenciones coordinadas y efectivas. Por ello, no resultó indiferente a la gestión el incremento de femicidios en la provincia, y ante el reclamo social, el Procurador consideró oportuno profundizar y potenciar la política criminal del organismo, con un criterio de especialización.
La creación de la UFEM permitirá adecuar la estructura actual, bajo las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas para los Ministerios Públicos, Fiscalías y Poderes u Organismos Judiciales y resulta compatible con lo dispuesto por la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, especialmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), y la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de rango constitucional.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó los patrones socioculturales existentes en las y los operadores judiciales y los déficits de las investigaciones de estos delitos y conminó a “crear instancias especializadas en derechos de las mujeres dentro de los Ministerios Públicos, la policía y los tribunales, para garantizar una perspectiva de género al abordar casos de mujeres.