Mañana a las 18 se presenta el libro "La Argentina en el banquillo. La historia detrás de las denuncias contra el Estado por violaciones de derechos humanos".
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Mañana a las 18 se presenta el libro "La Argentina en el banquillo. La historia detrás de las denuncias contra el Estado por violaciones de derechos humanos".
Su autor, Sebastián Alejandro Rey, hará un repaso de las denuncias realizadas contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a lo largo de los últimos 44 años.
La actividad, organizada por la Especialización y Maestría en Derechos Humanos del departamento de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), se transmitirá en vivo por el canal de YouTube "UNSA Humanidades. Depto de Posgrado".
Rey es profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de José C. Paz, donde dirige proyectos de investigación. Es secretario de primera instancia en la Defensoría General de la Nación.
El libro, de más de 400 páginas, se publicó en formato electrónico y se puede comprar en bajalibros.com.
En la presentación participarán Sandra Beatriz Chaves, peticionaria en un caso ante la CIDH, y Francisco Pérez, presidente de la asociación de comunidades indígenas Lhaka Honhat, también de un caso ante la CIDH.
¿De qué temas trata el libro?
El libro trata la historia de los derechos humanos en la Argentina en los últimos casi 45 años, a partir de las denuncias que se hicieron ante la CIDH. Empieza en la dictadura y termina con el final del gobierno de Mauricio Macri y principios del gobierno de Alberto Fernández.
A partir del análisis de 42 casos cuento la evolución, a medida que se van resolviendo, sobre todo, con dos miradas.
Por un lado, la perspectiva de la víctima, que es lo que más quería contar: no solo qué se resolvió sino también cómo los diferentes actores que intervenían en los litigios pensaban qué decisiones políticas atravesaban esos casos... En gran parte de ellos las respuestas fueron políticas. Eso lo logré a partir de 350 entrevistas que hice a las víctimas, sus abogados, los abogados del Estado y los miembros de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que eran los que resolvían.
Entonces, tiene un poco el detrás de escena del litigio y las expectativas que tenía cada uno de los actores en estos casos y qué influyó en su avance.
Por otro lado, analizo el impacto que estos casos tuvieron a nivel interno, tanto en reformas legislativas que se iban generando, algunas muy importantes...
¿Cuáles, por ejemplo?
En la Argentina se derogó el Código de Justicia Militar a partir de un caso que llegó a la CIDH. Después se derogó el desacato, se reglamentó la ley de cupo femenino, se creó la unidad para la toma de muestra de ADN para niños apropiados durante la dictadura... Todo eso fue a partir del litigio de denuncias en la CIDH.
Hay casos muy conocidos como el de Bulacio, el de Fontevecchia, el del triple femicidio de Cipolletti, la Aduana paralela, el puente de Corrientes...
De Salta me interesó incluir el caso de Lhaka Honhat y el de Sandra Chaves. Hay un par de casos más que analizo en otro libro, pero en este me focalizo en esos dos que me parece que son los más importantes.
¿Qué aspectos del caso Lhaka Honhat analiza?
Lhaka Honhat es un caso complicadísimo, quizás uno de los más difíciles que tuvo el Sistema Interamericano en su historia.
Primero tiene la particularidad de que es el primer caso de pueblos indígenas de la Argentina. Si bien ya existían muchos antecedentes a nivel interamericano de pueblos indígenas de Nicaragua, de Paraguay, entre otros, este es el primero de la Argentina...
Después tiene la particularidad de que, a diferencia de todos los casos anteriores de pueblos indígenas, en este se hace un análisis sobre los derechos sociales y culturales de los pueblos indígenas. Se habla del derecho al agua, a la alimentación,... todos vinculados con la tierra.
Hasta entonces los casos estaban vinculados estrictamente con el derecho a la propiedad indígena o la propiedad comunitaria y en este caso se agregan las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Tiene un elemento adicional para el análisis del derecho de los pueblos indígenas.
Además, tiene la complicación de este litigio, que lleva más de 20 años, y una solución muy difícil.
¿En qué sentido?
Si bien es una extensión territorial muy grande, es decir, no es un problema de falta de tierras, el problema es cómo reubicar a esos criollos que de buena fe están en esas tierras hace muchísimos años y poder devolverles a las comunidades sus territorios.
Ese proceso requiere del Estado un trabajo interagencial muy complejo que no solo se limita al dinero -siempre hace falta mucho dinero para hacerlo-, sino también a cómo se ejecutan los fondos y qué pasos hay que hacer.
El proceso terminó este año en una sentencia de la Corte IDH a favor para Lhaka Honhat, pero establece plazos muy largos para cumplimiento de sentencia. Si bien ganaron, hay algunas reparaciones que son inmediatas, de seis meses a un año, pero las más complejas, que tienen que ver con la titulación de las tierras sin la presencia de los criollos ahí, llegan a seis años. Uno no tiene certeza de que en seis años eso se haga. El proceso es muy complejo. Hasta la propia Corte IDH se dio cuenta de eso.
¿Cree que va a haber una solución?
En el libro cuento que Santiago Canton, quien fue secretario ejecutivo de la CIDH durante mucho tiempo, dice que este es uno de esos casos que no tienen solución, como el de los paramilitares en Colombia. Es muy difícil que eso se solucione alguna vez porque es tan difícil dar la respuesta...
En este momento, me parece que hay voluntad del Estado federal de avanzar y de que esto se cumpla. Si no se logra ahora, no creo que lo pueda lograr nadie, pero es un proceso muy difícil...
Otra cuestión es que la Argentina es un Estado federal, entonces muchas veces el Gobierno federal no puede obligar a las provincias a hacer determinadas cosas... Esa relación Provincia-Nación es compleja.
¿Cuál es el otro caso de Salta?
El de Sandra Chaves es un caso de discriminación muy clara. La acusan a ella y a su padre de haber matado a su marido, pese a que no había pruebas para hacerlo. El tribunal la condena con un montón de estereotipos de género: la llaman "la viuda alegre", hablan de la ropa interior que tenía, de que salía, de su conducta sexual... Un espanto.
Los hijos, que estaban presentes cuando muere el padre, dicen que no era el abuelo el asesino... Ellos vieron a la persona que entró a la casa a matar al padre y los jueces no tomaron en cuenta sus testimonios porque dijeron que eran niños y que los niños mienten. Un juicio plagado de irregularidades...
Lo lleva la Defensoría General de la Nación a la CIDH y se llega a una solución amistosa por la cual les conmutaron las penas a Sandra y al padre. Él ya estaba muy mal de salud y al poco tiempo murió. Sandra había donado un riñón, así que su situación de salud era delicada. Ellos querían que les pidieran perdón por haber sido mal condenados y eso nunca ocurrió. El Estado les conmutó las penas, pero no reconoció su responsabilidad en el caso. A raíz de eso, parece que hubo algunos cambios en cuanto a formación en cuestiones de género en la provincia.
Usted busca ver los casos desde la perspectiva de las víctimas, ¿qué significa eso?
En general, cuando se tiene una sentencia del tribunal, lo que se estudia es qué se resolvió, nunca se busca la mirada de los protagonistas. Es decir, cómo la víctima ha mirado al caso, qué esperaba y qué sensación tiene en relación con cómo se resolvió. Eso suele estar invisibilizado en los procesos judiciales. La víctima puede ser reemplazada por "x" e "y" y no pasa nada. En el libro cuento esas historias: qué es lo que pretendían cuando denunciaron al Estado en sede internacional.
En todos los casos se da la particularidad de que la Justicia nacional no les dio la razón ni las escuchó. En algunos directamente no investigó nada. Entonces, van a la Justicia internacional a buscar que alguien los escuche. Muchos de los casos no terminan bien. La víctima no termina siendo reparada, a veces, porque es imposible, como los familiares de víctimas de gatillo fácil, ya que es muy difícil condenar a alguien 20 o 25 años después. Sin embargo, el sistema es reparador en la medida en que por primera vez alguien las escucha.
Muchas víctimas dicen: "La verdad es que en mi caso no me fue bien pero el hecho de que la CIDH me haya escuchado o de que los siete jueces de la Corte IDH me hayan prestado atención por primera vez para mí fue importante". Eso es algo reparador en cierto sentido.
Después, están las expectativas que tenía cada uno y cómo eso se termina resolviendo. En general, las víctimas tienen muchas expectativas y el sistema, por las demoras que tiene, es bastante desgastante pero es lo único que les queda ante la imposibilidad de tener justicia a nivel provincial o nacional.
Habla de la voluntad política. ¿A qué se refiere?
En el libro yo cuento los casos de manera histórica. Entonces, analizo cuáles son los gobiernos de ese momento, cómo están compuestos, qué personas ocupan cargos, cuáles son sus historias, cómo se toman las decisiones durante cada gobierno y cómo van cambiando los actores en la Organización de los Estados Americanos (OEA), tanto en la CIDH como en la Corte IDH.
Todo ese marco político explica muchas de las decisiones que se toman porque, en definitiva, cumplir o no cumplir una decisión de un tribunal internacional es una decisión política. Cuando hay voluntad política se repara mucho más rápido a las víctimas y se llega a acuerdos. Cuando no hay voluntad política, queda todo empantanado y no pasa nada.
Por eso, se va a necesitar mucha voluntad política para cumplir la sentencia de Lhaka Honhat. La sentencia es favorable, pero sin voluntad política no se va a hacer nada. Cuando hay voluntad política se hacen acuerdos de solución amistosa muy rápidos. Cuando no hay voluntad política se litiga hasta las últimas consecuencias.