La jueza de primera instancia Civil de Personas y Familia de Tartagal Carmen Juliá otorgó la guarda con fines de adopción de una joven de 17 años a un matrimonio. La resolución fue dictada luego de dos audiencias, la última de las cuales se realizó el martes y fue la conclusión de un proceso de vinculación previo.
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La jueza de primera instancia Civil de Personas y Familia de Tartagal Carmen Juliá otorgó la guarda con fines de adopción de una joven de 17 años a un matrimonio. La resolución fue dictada luego de dos audiencias, la última de las cuales se realizó el martes y fue la conclusión de un proceso de vinculación previo.
En la última audiencia la pareja manifestó que la joven se integró plenamente a la familia y expresaron su voluntad de llevarla a casa. “Ella ya ocupa un lugar en nuestra casa, ella es una más, la integramos y nos comportaos con ella como somos naturalmente”.
En las dos audiencias (el lunes y martes) la nueva familia estuvo completa. Papá, mamá, uno de los hermanos y la joven, todos delante de la jueza.
Por supuesto que las dos audiencias tuvieron todos los condimentos de un proceso de adopción que incluyó la emoción de la joven que dijo que lloraba de alegría y un sí fuerte dicho cuando la jueza Juliá le preguntó si quería irse con su nueva familia. “No va a ser como antes”, dijo y seguidamente afirmó que les diría a partir de ahora “papá y mamá” a la pareja adoptante. Y dijo además que desde que conoció a la pareja comenzó a confiar en las personas adultas.
En las audiencias se escucharon los informes técnicos de los equipos profesionales que acompañaron el proceso de vinculación. También al Asesor de Menores e Incapaces Juan José Andreu y la fiscal civil Rosa Graciela Vélez Román.
La familia consintió la difusión de su caso por considerar que puede ser beneficioso para otras familias, “porque muchas veces solo hay postulantes para niños pequeños”. La difusión se hace preservando las identidades de la nueva familia.
La jueza autorizó a los guardadores a trasladarse con la joven por los distintos puntos del país, fijándose un plazo de seis meses a partir del cual deberán iniciar las acciones judiciales tendientes a obtener la sentencia de adopción.