Después de que el procurador general de la Provincia, el doctor Abel Cornejo, denunciara públicamente la presunta connivencia entre lo actuado por el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, y el auxiliar fiscal de Anta, delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, en diálogo con El Tribuno la fiscal penal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke expresó: "Considero que es muy grave que un juez haya declarado la nulidad sin verificar las constancias del legajo de investigación y solo basado en lo que presentó la defensa de Dantur". La letrada se refiere a la causa donde denunció al auxiliar fiscal anteño por filtrar información al comisario Walter Mamaní, principal acusado en otro expediente.
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Después de que el procurador general de la Provincia, el doctor Abel Cornejo, denunciara públicamente la presunta connivencia entre lo actuado por el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, y el auxiliar fiscal de Anta, delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, en diálogo con El Tribuno la fiscal penal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke expresó: "Considero que es muy grave que un juez haya declarado la nulidad sin verificar las constancias del legajo de investigación y solo basado en lo que presentó la defensa de Dantur". La letrada se refiere a la causa donde denunció al auxiliar fiscal anteño por filtrar información al comisario Walter Mamaní, principal acusado en otro expediente.
La causa contra el auxiliar fiscal de Anta surgió luego de que la fiscal de DDHH descubriera escuchas telefónicas entre el doctor Dantur y el comisario Mamaní, en el marco de la causa contra este último, diálogos que surgieron del celular que el investigador anteño tenía en su celular, teléfono que se pensó era el dispuesto por el Ministerio Público Fiscal; sin embargo, tras acciones de Dantur, salió a la luz que el celular era de uso personal del auxiliar fiscal.
"Él debió informar esa situación al momento de la inspección ocular y no lo hizo, prestó su consentimiento para llevar a cabo la medida", sostuvo Simesen de Bielke respecto del celular de Dantur. La maniobra realizada por el funcionario que tiene como destino la jurisdicción de Anta, más precisamente en Apolinario Saravia, al menos llama la atención dado que en ningún momento certificó que se trataba de un elemento de uso personal, dejó que el celular sea peritado y accionó contra la fiscal de DDHH.
Luego de que los defensores de Dantur denunciaran a Simesen de Bielke, desde la Sala I del Tribunal de Impugnación a cargo del magistrado Luciano Martini decidieron dar curso a los reclamos del fiscal anteño y disponer el apartamiento de la fiscal penal de DDHH, solicitando se investiga a la funcionaria por "posibles infracciones al Código Penal"; la fiscal penal 2, Mónica Poma, desestimó y archivó las averiguaciones preliminares solicitadas por la Sala I -ahora resta saber si la Fiscalía de Impugnación comparte o no el criterio de la fiscal Poma-. A ello se sumó la denuncia del procurador Abel Cornejo para que un o una fiscal -podría ser la misma Mónica Poma- investigue si existió connivencia entre lo dispuesto por el juez Martini y el auxiliar fiscal de Anta.
En medio de tantas denuncias y contradenuncias, parecería haber quedado de lado lo más importante: las sospechosas escuchas entre un funcionario del Ministerio Público y un comisario imputado por graves delitos. "Definitivamente, acá lo importante es el contenido de los mensajes entre un funcionario público del MPF y un comisario de la Policía de Salta", sostuvo Simesen de Bielke. Al ser consultada si el entramado de poder que desde hace varios años se denuncia en Anta volvió a activarse, la fiscal señaló: "No lo sé, sí puedo afirmar que hubo entorpecimiento de la investigación al no informar sobre el uso de una línea particular para llevar a cabo actos propios de la función".
En su momento la fiscal señaló que Martini "no tiene facultades para apartarme". Sostuvo que es el "procurador" a quien le corresponde dicha potestad. Sin embargo, el artículo 277 del CPP de Salta sostiene que "un tribunal o, en su caso, el juez de Garantías" pueden imponer el apartamiento o las medidas "disciplinarias que le acuerde la ley o solicitar su aplicación ante el procurador general". Al respecto hay antecedentes, por ejemplo el año pasado la Sala I del Tribunal de Impugnación apartó a quien es hoy la directora de los fiscales, la doctora María Luján Sodero Calvet, de una causa por abuso sexual, entre otros antecedentes.