En un nuevo capítulo que mantiene en un virtual enfrentamiento al Ministerio Público fiscal y al Poder judicial de la Provincia, el abogado Ricardo Albornoz habló por primera vez en un medio de difusión y lo hizo ante El Tribuno para referirse al caso que involucra a su defendido, el auxiliar fiscal penal del departamento de Anta con jurisdicción en la localidad de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, investigado por la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen del Bielke, por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero a quien el propio Dantur denunció el pasado 23 de diciembre por el supuesto delito de falsedad ideológica y violación de secreto previstos en los artículos 293 y 153 del Código Penal.
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En un nuevo capítulo que mantiene en un virtual enfrentamiento al Ministerio Público fiscal y al Poder judicial de la Provincia, el abogado Ricardo Albornoz habló por primera vez en un medio de difusión y lo hizo ante El Tribuno para referirse al caso que involucra a su defendido, el auxiliar fiscal penal del departamento de Anta con jurisdicción en la localidad de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, investigado por la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen del Bielke, por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero a quien el propio Dantur denunció el pasado 23 de diciembre por el supuesto delito de falsedad ideológica y violación de secreto previstos en los artículos 293 y 153 del Código Penal.
¿Cuándo y cómo se inicia la causa contra su defendido, el auxiliar fiscal Sergio Dantur?
Se inicia el 30 de julio cuando dos técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) arriban a la fiscalía penal de Joaquín V.González con una orden de la fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen del Bielke para inspeccionar los teléfonos, tanto privados como oficiales, del fiscal auxiliar Sergio Dantur como de la fiscal de Anta, la doctora Yonny Zigarán. Según esa acta, la fiscal de derechos humanos lo que pretendía era que ambos fiscales “colaboren” en la investigación que se le estaba realizando al imputado, el comisario Mamaní, quien ya se encontraba detenido junto a otros policías por privación ilegítima de la libertad, vejaciones y otros delitos en perjuicio del joven Luciano Diez. Fue por ese argumento de Simesen que Dantur accede a que ingresen al contenido de su teléfono particular.
¿Cómo continuó ese procedimiento?
Los dos técnicos del CIF le desgraban los dos teléfonos de Dantur, tanto del oficial como del particular, porque reitero que supuestamente y según el acta de la fiscal Simesen la investigación era en contra del comisario Mamaní. El 5 de agosto la fiscal de Joaquín V. González García Pisacich le informa a mi defendido Sergio Dantur que por orden de la fiscal de Derechos Humanos necesitaba llevarse los dos teléfonos de Dantur, a lo que él también accede. Pero al día siguiente Sergio Dantur se entera por el diario El Tribuno que había sido imputado por la fiscal Simesen del Bielke; en esa misma edición ya estaban publicadas las conversaciones privadas de Sergio Dantur.
¿Ustedes pudieron probar que se trató de una treta para sacarle el teléfono privado a Dantur la que utilizó la fiscal?
No solamente nosotros, sino también el juez de garantías de Anta Héctor Sebastián Guzmán, primero, y después el juez del Tribunal de Impugnación Luciano Martini. El 11 de agosto el juez Guzmán anula de oficio la imputación a Dantur por estar basada en correspondencia confidencial, es decir su teléfono particular. Cuando la fiscal apela esa resolución, el juez Martini falla en el mismo sentido. Pero antes -el 29 de setiembre- le cursa un pedido a la fiscal apelante donde le pregunta si el teléfono del cual se habían extraído las conversaciones era personal como había argumentado el juez Guzmán. Por la premura del caso le da a la fiscal seis horas y Simesen del Bielke le responde que era el teléfono oficial; es decir, le mintió a sabiendas al juez del Tribunal de Impugnación. El juez le reitera el pedido al día siguiente y la fiscal persiste en su respuesta, es decir le mintió por segunda vez. Como defensores habíamos acompañado las facturas del teléfono de Dantur que no dejaban lugar a dudas que era privado, por lo que el juez Martini, el día 11 de diciembre no solamente ratifica lo actuado por el juez de Anta sino que la aparta a la fiscal Simesen del Bielke -porque tiene facultades para hacerlo en los términos del artículo 227 del Código Procesal Penal- y corre vistas a otro fiscal por el delito de falsedad ideológica que la fiscal cometió al mentirle dos veces consecutivas. Esa es la verdadera secuencia de los hechos, que por cierto está todo en el expediente.
¿Cuál es la gravedad de haber ingresado al teléfono privado?
Si el juez Martini no hubiera rechazado y actuado como actuó se hubiera sentado un gravísimo precedente. Martini rechazó una pretensión ilegal en el marco de una investigación porque hizo primar una garantía que es constitucional. Si Martini no la rechazaba el día de mañana un fiscal, sin orden judicial, puede intervenir los teléfonos de cualquier ciudadano sin orden judicial. Esa potestad en manos de un órgano acusador es peligrosísima. Con ese criterio por ejemplo se podría intervenir el teléfono de todos los periodistas para conocer cuáles son sus fuentes de información. Y ni qué le digo de nosotros los abogados o los mismos jueces. Lo que el procurador general de la provincia llama “escollos” son en realidad garantías constitucionales que existen para ponerle límites al poder acusador -Ministerio Público Fiscal-, porque la defensa de los ciudadanos la tienen los jueces. Pero como Martini puso límites a una actuación que viola garantías constitucionales ahora lo quieren denunciar, cuando institucionalmente lo que correspondería es interponer un recurso ante la Corte de Justicia, no amenazarlo.
¿Cual es la situación procesal de Sergio Dantur?
El fallo del juez Martini no está firme y si así sucediera, quedaría anulada la imputación, pero el juez tiene diez días, siempre que la fiscal Simesen no recurra ese fallo ante la Corte en cuyo caso es el Tribunal de Impugnación mismo quien resolverá si lo eleva a no a la Corte. En cuanto a la denuncia de Dantur contra la fiscal y aunque la fiscal Poma haya desestimado el pedido del juez Martini, cuando viene una nueva perspectiva, un nuevo aporte de hecho para la investigación, tiene que proseguirla porque la desestimación no es una sentencia absolutoria. Por eso en la denuncia de Dantur contra la fiscal aportamos el acta que presentó el CIF mediante la que se desprende que Dantur fue engañado por la fiscal Simesen diciéndole que el imputado era otro, para hacer se de su teléfono personal.