El fallo que le prohibió a una abogada de San Lorenzo chico hablar sobre su vecino denunciado por maltrato animal, sienta un precedente judicial que pone un límite a las acusaciones públicas, las formas más usadas por los proteccionistas. El fallo que emitió la jueza Cecilia Ávila Ricci asegura que estas prácticas son un "abuso de la libertad de expresión, violan la integridad moral y el principio de inocencia".
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El fallo que le prohibió a una abogada de San Lorenzo chico hablar sobre su vecino denunciado por maltrato animal, sienta un precedente judicial que pone un límite a las acusaciones públicas, las formas más usadas por los proteccionistas. El fallo que emitió la jueza Cecilia Ávila Ricci asegura que estas prácticas son un "abuso de la libertad de expresión, violan la integridad moral y el principio de inocencia".
En julio, Nancy Valencia Donat denunció penalmente a su vecino, Washington Víctor Mardones y lo acusó de asesinar a Rocco, su perro, arrojarlo a un foso de cisterna ubicado en propiedad del denunciado (la familia niega que ese inmueble sea de ellos) y haberle arrojado cal para taparlo. Mardones negó el cargo, aseguró que es "irrazonable y absurdo" que haya podido matar a un can de 40 kilos, por sus 80 años y tener artrosis en ambas piernas. También se defendió asegurando que el perro no apareció en su propiedad.
Luego de la denuncia, la mujer acudió a las redes sociales para difundir lo sucedido y acusar a su vecino de "asesino". "Lamento que haya personas como mi vecino Washington Mardones que estén tan cerca en la distancia y tan lejos del corazón, un perverso, violento y sádico". También juntó firmas y pegó carteles en los comercios de alrededor para convocar a otros vecinos a manifestarse en las puertas del domicilio denunciado. El último hecho -que llevó a Mardones presentara un recurso de amparo- fue que en el portón de su casa apareció un grafitti acusándolo de asesino.
El hombre solicitó mediante el recurso judicial extraordinario que se cese con estas conductas que violan sus derechos y los de su "familia a la imagen, dignidad y privacidad". También advirtió que al ser empleada del Ministerio Público Fiscal, su denunciante "debió ocurrir ante los estrados de los tribunales y hacer valer allí su derecho y no realizar un ejercicio abusivo, excediendo los límites de la buena fe". Mientras, Valencia aseguró estar haciendo uso de la libertad de expresión.
Sin embargo, tanto el fiscal en lo Civil y Comercial, del Trabajo y en lo Contencioso administrativo, como la jueza Cecilia Ávila Ricci, del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo N´ 4, coincidieron que el uso de la libertad de expresión en el caso es abusivo y daña otros derechos también constitucionales. La magistrada advirtió que "el derecho a la libertad de expresión no es absoluto" y que en este caso afecta en forma directa los derechos personalísimos como el derecho "a la integridad moral, el honor, la intimidad, reputación que pertenecen a la persona por su sola condición humana". Además indicó que Valencia actuó como juez, condenando al denunciado y violando la presunción de inocencia. Por lo que concluyó hubo abuso de la libertad de expresión y ordenó que "se abstenga de forma inmediata de nombrar o referir de manera directa o indirecta de manera pública o privada" a Mardones.
Las expresiones públicas que virtió Nancy Valencia en sus redes fueron acompañadas por la Comunidad Animalística Salta que primero la ayudó a buscar a su mascota y luego acompañó en el escrache.
El caso
Luego de más de un mes de perdido, Valencia encontró su perro en una fosa cubierto de cal. La mujer, que es abogada del Ministerio Público, llamó a peritos y a GERA, la división de rescate animal de los bomberos. Además pidió una necropsia que se realizó en la Universidad Católica donde funciona el hospital de veterinaria.
"Buscando su perro, se comunica con la hija del señor Mardones. Ellos viven muy cerca, y su perro Rocco más de una vez se había escapado a la casa de los Mardones. La hija le dice que no lo vio y que si quiere pase a buscarlo al fondo, donde hay una obra en construcción. Valencia entró con su esposo y donde hay un pozo que habían hecho para poner un tanque de agua se agacha y logra ver el collar azul de su perro. Habían metido a Rocco parado y le tiraron cal", contó Carmen Céspedes, abogada de Valencia en la causa penal.
La abogada descartó la posibilidad de que el animal se hubiera caído a la fosa: "Si se hubiera caído ella lo hubiera escuchado los ladridos de su perro, porque de por sí se escuchan hasta los pájaros y era en pandemia, así que peor", aseveró.
En la necropsia no surgió el motivo de muerte "pero dentro del cuerpo había un polvo blanco que es cal".
A la denuncia penal por la muerte de su perro, Valencia sumó otra por "amenazas y violencia de género". "Mardones se escuda de que es una persona mayor. Además cuando Valencia buscaba su perro él intentó persuadirla que deje de buscarlo, que seguramente se había escapado, que solo era un perro", recordó la abogada que aseveró no estar de acuerdo con los escraches. "Pero hay que estar en sus zapatos", dijo.
“Fuimos víctimas durante la cuarentena”
Familiares del hombre que padeció los escraches niegan acusaciones.
Familiares de Mardones negaron que existan denuncias por amenazas y violencia de género. “Si realmente tienen las pruebas, que las presenten”, señalaron. La familia está conforme con la medida judicial y relataron que padecieron un “hostigamiento” desde abril, es decir en casi toda la cuarentena.
“Presentamos más de cien páginas de prueba ante escribano público”, agregaron.
Contaron que Mardones que tiene una edad avanzada y que camina con un bastón, que al ver los escraches se desvanecía y la presión arterial le subía. “Es una persona de riesgo y tuvo una fuerte angustia por algo que es mentira”, remarcaron. “Donde estaba el perro no es propiedad de Mardones, que se fije bien”, agregaron.
La comunidad Animalística de Salta acompañó el escrache público vertido por Valencia. “Estoy de acuerdo con lo que hizo esta señora, lo hice y lo voy a seguir haciendo”, enfatizó Lucas Iñigo, activista por los derechos de los animales. Aseveró que esta es la forma que encuentran los proteccionistas ante la “inacción de la Justicia” y explicó que las denuncias públicas por redes sociales se usan estratégicamente.
“No solo para el sistema judicial, sino también contra los políticos que no cumplen con las leyes”, aseveró en referencia a diferentes reclamos públicos que los proteccionistas salteños encabezaron como la pirotecnia, tracción a sangre, o el incumplimiento de la ley de maltrato animal. “Para cada acto que consideramos justo, acompañamos con una batería de acciones que funcionaron. Una de ellas eran las redes so ciales”, sostuvo.