Los cerca de 280 trabajadores de la Cooperadora Asistencial de la capital esperan tener un panorama más claro con respecto a sus futuros laborales, luego de la reunión de conciliación obligatoria que se dispuso para el miércoles próximo entre ese organismo y los dos sindicatos que los representan.
inicia sesión o regístrate.
Los cerca de 280 trabajadores de la Cooperadora Asistencial de la capital esperan tener un panorama más claro con respecto a sus futuros laborales, luego de la reunión de conciliación obligatoria que se dispuso para el miércoles próximo entre ese organismo y los dos sindicatos que los representan.
Desde los gremios ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) habían anunciado el inicio de huelgas entre los empleados de la Cooperadora, que fueron suspendidas tras el llamado a conciliación que ordenó el viernes último la Secretaría de Trabajo de la Provincia.
A la vez, el mismo día, se oficializó en el Boletín municipal la resolución de la intendenta Bettina Romero que ratifica la continuidad de la Cooperadora Asistencial, la designación de la comisión directiva de esa institución (encabezada por Adriana Portal, quien sigue en el mismo cargo ad honorem desde la anterior intendencia) y ordena la continuidad de ocho programas de asistencia. Entre los programas mencionados no se encuentra el de la copa de leche, de cuya distribución que se entregaba principalmente a las escuelas se haría cargo el Ministerio de Educación provincial, según trascendió pero aún no se oficializó.
La incertidumbre de los trabajadores es primero por no tener la certeza de que mantendrán sus empleos y luego conocer de quién dependerán: si de la Municipalidad o de la Provincia. Si bien las cooperadoras asistenciales fueron creadas como entes autárquicos bajo responsabilidad de los municipios, su casi exclusiva fuente de recursos económicos eran derivados por Rentas de la Provincia.
Luego de que la Provincia disolvió a principios del mes pasado el impuesto a empresarios que mantenía casi la totalidad de los programas de las cooperadoras (según lo dispuesto a fines de 2017 en el Consenso Fiscal firmado con Nación), la continuidad de esos organismos se puso en duda. Pese a que se tardó dos años en implementar la derogación del tributo, cuando finalmente se concretó comenzaron las preocupaciones.
La Cooperadora capitalina fue la más perjudicada por la medida. Perdió unos 22 millones de pesos al mes, alrededor del 75% de sus recursos.
Con la Cooperadora se brindaba 120 mil raciones de Copa de Leche en las escuelas públicas, instituciones y merenderos capitalinos; se entregaban alrededor de 40 mil medicamentos a personas de bajos recursos económicos con la Farmacia Social; se asistía a personas en condiciones críticas por inundaciones u otros siniestros y se financiaba diferentes programas educativos y de asistencia, entre otros fines.
Piden garantías
"En principio nos garantizaron la fuente de trabajo de todos los compañeros de la Cooperadora, pero nunca se firmó nada y tampoco nadie se hizo cargo", dijo a El Tribuno el secretario general de ATE en Salta, Juan Arroyo.
Aclaró que la postura que mantendrá en el proceso de conciliación dictado por la Secretaría de Trabajo es que se garantice la continuidad laboral de todos los trabajadores. Detalló que son 146 empleados que están en planta permanente, 72 con contrato y 68 que figuran bajo agrupamiento político.
"Vamos exigir la estabilidad de los compañeros, por supuesto de aquellos que trabajen y que no sean gente que nunca iba a la cooperadora", dijo el dirigente del gremio con más representación en la Cooperadora.
"Después se verá cuáles son los programas que quedarán dentro de la Municipalidad y los que la Provincia se haga cargo", agregó Arroyo.
El titular de UPCN, Gustavo Soto, reclamó que debe haber claridad sobre en que administración, provincial o comunal, recae la responsabilidad de los trabajadores.
"La conciliación servirá para poner blanco sobre negro y aclarar las cosas", consideró en diálogo con este diario.