El Gobierno firmó hoy un convenio para crear una mesa para la resolución de conflictos territoriales con los pueblos originarios, con el objetivo de "encontrar soluciones consensuadas y pacíficas" y para "priorizar los derechos humanos" de esas comunidades.
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El Gobierno firmó hoy un convenio para crear una mesa para la resolución de conflictos territoriales con los pueblos originarios, con el objetivo de "encontrar soluciones consensuadas y pacíficas" y para "priorizar los derechos humanos" de esas comunidades.
El acuerdo fue firmado en Tucumán en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior por las ministras de Seguridad, Sabina Frederic; y de Justicia, Marcela Losardo; y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
La flamante "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios" intervendrá en todo reclamo que incluya a las comunidades indígenas a fin de encontrar soluciones consensuadas y pacíficas, destacó el Gobierno.
También lo hicieron la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda; y su par de la Administración de Parques Nacionales (APN), Daniel Somma.
La flamante "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios" intervendrá en todo reclamo que incluya a las comunidades indígenas a fin de encontrar soluciones consensuadas y pacíficas, destacó el Gobierno.
A través de esta instancia se diseñará un protocolo básico de actuación en el que se va a "introducir la mediación, que da excelentes resultados y es la herramienta idónea para debatir ideas y arribar a soluciones equitativas, útiles y sobre todo pacíficas", afirmó Losardo.
"Las comunidades originarias exigen la protección de sus derechos y nosotros estamos obligados a trabajar en ese sentido.
La falta de diálogo en el abordaje de problemáticas derivadas de derechos territoriales ha contribuido a un ambiente de enfrentamiento entre hermanos, con consecuencias lamentables", remarcó la ministra, en alusión a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017 en el marco de distintas protestas de la comunidad mapuche.
Al respecto, la titular de la cartera judicial advirtió que "persiste una brecha significativa entre el marco normativo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y su implementación real" y concluyó: "Es necesario que el Estado, tanto a nivel federal como provincial, priorice y dedique mayores esfuerzos a proteger los derechos humanos de las comunidades originarias".