Quienes ejercen el poder en cualquier ámbito del Estado provincial suelen esconderse detrás de un cortinado impenetrable que oculta sus actos. Un tupido velo que preserva de ojos indiscretos los datos referidos a su gestión y a todo aquello que se relacione con su responsabilidad funcionarial.
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Quienes ejercen el poder en cualquier ámbito del Estado provincial suelen esconderse detrás de un cortinado impenetrable que oculta sus actos. Un tupido velo que preserva de ojos indiscretos los datos referidos a su gestión y a todo aquello que se relacione con su responsabilidad funcionarial.
Esta vocación obsesiva por lo opaco les lleva incluso a ocultar o dificultar el acceso ciudadano a datos meramente estadísticos cuando no sencillamente irrelevantes. Hay una larga rutina de oscuridad, acompañada de tolerancia y resignación.
La primera barrera a superar por el ciudadano que desea conocer información pública surge en las mesas de entradas en donde los funcionarios -educados en la práctica del ocultismo y las dilaciones- interrogan y ordenan: "¿Y usted quién es?";"¿Para qué necesita ese dato?"; "Tiene que pedirlo por escrito con copias, acreditar su derecho y traer cinco estampillas de 1 peso cada una".
Barrera también frecuente en los tribunales donde los abogados tropezamos con este tipo de restricciones, o incluso con la frase: "Al expediente sólo pueden verlo las partes". Sin olvidar que incluso las mismísimas partes encuentran enormes dificultades para consultar sus casos ("Esta "adentro' desde hace 4 meses").
La segunda barrera tiene que ver con el "mareo de la perdiz": el ciudadano va de ventanilla en ventanilla y en cada una se repiten y multiplican los escollos. Y muchos curtidos jefes especulan con cansar al ciudadano curioso que, de tanto andar, termina rindiéndose al secretismo administrativo o judicial.
Hay una barrera igualmente efectiva y es el llamado silencio administrativo. Los astutos cerebros de la burocracia aconsejan callar obstinadamente de modo de obligar al ciudadano a recurrir a instancias judiciales lentas, ambiguas y prontas también a convalidar las practicas ocultistas de sus parientes ejecutivos. Si no se cansó en las antesalas administrativas el ciudadano quedará extenuado en los pasillos judiciales, o caerá derrotado por la jurisprudencia creada para estimular complicidades estatalistas.
Todo lo que tiene que ver con la obra pública, con las ejecuciones presupuestarias, con plantas de altos cargos y sus remuneraciones, con el gasto en consultorías, en publicidad o en viáticos se sitúa fuera del siempre incomodo escrutinio público.
Sólo el empeño de organizaciones como Salta Transparente suele, de tanto en tanto, abrir brechas en estos muros para brindar datos a la opinión pública salteña que padece de desinformación sobre el destino del dinero que aporta a las arcas públicas.
Pero todo este añejo edificio político burocrático provinciano está a punto de derrumbarse. Gracias no ya a los principios y normas constitucionales que garantizan el acceso a la información pública (que en Salta han sido hasta aquí letra muerta), sino merced a la sanción de la Ley 27.275/16, inequívocamente aplicable en Salta.
Desde hace un par de meses los salteños tenemos a mano, pues, la herramienta para acabar con el oscurantismo. Contamos incluso con los elementos para vencer la cicatería de los legisladores locales que sancionaron la parca Ley 8.173/19, para desarticular chicanas y piruetas interpretativas.
Con un poco de energía cívica y conocimiento de nuestros derechos accederemos, por ejemplo, a los datos de la Corte de Justicia (que oculta sus estadísticas de gestión y sus actuaciones de superintendencia), del Consejo de la Magistratura, de la Dirección de Asociaciones y Fundaciones, de Tierras y Bienes del Estado, de Aguas del Norte, de Residuos Urbanos, de Salud Pública, de Recursos Hídricos y Ambiente, y de las Municipalidades, e incluso de sindicatos y organizaciones que administran fondos o competencias públicas.
Manos a la obra.