En el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Provincia volvieron a afilar el lápiz para llevar adelante el programa de ajuste en la administración con el que buscan generar un ahorro anual de unos mil millones de pesos, según anticipó días atrás a El Tribuno el titular de esa área, Roberto Dib Ashur.
inicia sesión o regístrate.
En el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la Provincia volvieron a afilar el lápiz para llevar adelante el programa de ajuste en la administración con el que buscan generar un ahorro anual de unos mil millones de pesos, según anticipó días atrás a El Tribuno el titular de esa área, Roberto Dib Ashur.
Ayer se conoció una resolución firmada por el mismo funcionario que impone una reducción de gastos del 10% para este año en los rubros de bienes de consumo y servicios no personales, que pueden ser materiales de oficina, repuestos, gastos en publicidad o en las boletas de luz y agua, entre otros recursos que se utilizan para el funcionamiento estatal.
La reducción de erogaciones se aplicará sobre el prorrogado Presupuesto de 2019 y las distintas áreas del Gobierno la tienen que aplicar y rendir mes a mes. La medida se suma a otra resolución ministerial publicada a principios de enero (la 08/20) que obliga a recortes en la distintas dependencias en, por ejemplo, el uso de los vehículos oficiales, líneas de teléfono, viáticos, agasajos y designaciones de personal.
Prohíben el pago de comidas o refrigerios con cargo para el Estado a autoridades por el desempeño de funciones o tareas en extensión horaria en todo el Gobierno y dependencias.
El año pasado, la anterior administración provincial presupuestó unos $7.000 millones en gastos de bienes consumo y servicios no personales ($1.996.593.120 en bienes de consumo y $5.169.537.612 en servicios no personales), que representó el 9% del total de las previsiones presupuestarias cuyo mayor porcentaje (alrededor del 60%) se fue en el pago de sueldos de los empleados públicos.
El reciente instrumento que sacó la cartera económica amplía, a la vez, las facultades de Dib Ashur en el control del uso de los fondos y todos los demás ministros y sus funcionarios subordinados deben pedir "permiso" al área de Finanzas para los gastos que excedan los $80.000 en contrataciones o los $10.000 en las adquisiciones de bienes. Son montos relativamente bajos en la gerencia de una provincia por lo que la marcha de prácticamente todo el Ejecutivo tendrá que tener el visto bueno del ministro de Economía.
Los nosocomios deben requerir hasta el quinto día hábil posterior al cierre de cada mes la incorporación presupuestaria de recursos percibidos y la habilitación de partidas de gastos.
En el caso de las contrataciones hay excepciones en cuanto a la autorización en el caso de gastos en personal, combustibles, servicios básicos (energía eléctrica agua, gas, teléfono, correo) y comisiones y gastos bancarios, entre otros.
Más sobre viáticos
A las regulaciones sobre los viajes por comisiones de servicios de los funcionarios que Dib Ashur ya había dispuesto en enero, que entre otras ordenó suspender las que ya estaban programadas, en la última resolución agregó nuevas normas para el otorgamiento de viáticos.
Se prohibió subvencionar los gastos de taxis o remises en los viajes, salvo casos especiales y justificados. Del mismo modo, se restringe el pago de la nafta de los autos oficiales a los cupos autorizados por la Coordinación del Parque Automotor.
Con sanciones
El ministro de Economía y Servicios Públicos ya se comprometió a aplicar "mano dura" contra los funcionarios que no cumplan con sus regulaciones. En la resolución 08/20 asentó que habrá sanciones y descuentos si se detecta "inobservancia por parte de los responsables de cada área en cada organismo a las disposiciones".
Todos los organismos gubernamentales prestadores de servicios esenciales deberán coordinar y conciliar las planificaciones de gastos con la Secretaría de Finanzas.
Ese instrumento dispone diversas medidas de contención de gastos, tales como la obligación de los ministerios y secretarías de encarar renegociaciones y congelamiento de los contratos de alquiler.
Restringe, también, el uso de vehículos oficiales, habilita a los organismos a realizar acuerdos con los trabajadores para lograr cambios de horarios y evitar horas extras o jornadas extendidas, ordena agilizar los trámites de jubilación de los agentes que cumplieron los requisitos, y deja sin efecto las denominadas "afectaciones" del personal.
Al comienzo de la resolución, a modo de manifiesto, se plasma las aspiraciones del ajuste: "De cara a un gobierno para la gente, resulta necesario adoptar medidas que demarquen la racionalidad en el uso de los recursos por parte del Estado, entendiendo que la única forma para que la ciudadanía pueda usufructuar los réditos de una mejora en su nivel de vida; es de la mano de un gobierno austero que priorice el bienestar de sus habitantes por encima del de sus funcionarios". Son por ahora buenas intenciones de una administración que recién se inicia. El tiempo dirá cuánto se cumple.