Las condenas dictadas por la Justicia salteña contra los imputados por el asesinato de la joven Daniela Guantay parecen ejemplares, pero son también el indicio de dos problemas graves, de alto voltaje social, que atraviesan a la provincia: el femicidio y el narcotráfico.
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Las condenas dictadas por la Justicia salteña contra los imputados por el asesinato de la joven Daniela Guantay parecen ejemplares, pero son también el indicio de dos problemas graves, de alto voltaje social, que atraviesan a la provincia: el femicidio y el narcotráfico.
El impacto de la noticia debe alertar a las autoridades y obliga al Estado a evaluar -sin prejuicios ni intereses subalternos- si los funcionarios a cargo de ambas áreas son profesionalmente idóneos, si los organismos específicos están funcionando como lo exigen las circunstancias y si cuentan con presupuestos suficientes.
Son muchos los indicios de fuertes tensiones sociales en nuestra provincia, pero las políticas institucionales de seguridad y de género parecen mantenerse sin mayores cambios.
Daniela Guantay estuvo desaparecida una semana antes de que se encontraran los restos de su cuerpo descuartizado en el río Mojotoro. Esto ocurrió en los últimos días de febrero de 2017. Trece años antes, en agosto de 2004, el asesinato de Romina Alderete y dos de sus hijos a manos del padre de familia, en el asentamiento Martín Miguel de Güemes, conmovió a la provincia, derivó en un cambio drástico de la legislación e impuso a la policía especial atención en la recepción de denuncias de violencia de género.
Como le había ocurrido entonces, varias veces, a Romina, trece años más tarde, la madre de Daniela no fue escuchada a tiempo en la comisaría. La demora policial tuvo como consecuencia un hallazgo tardío en un lugar relativamente cercano al lugar del crimen.
La reconstrucción a cargo de la fiscalía y convalidada por los jueces describe el asesinato como "un femicidio en el marco de la criminalidad organizada y donde víctima fue sometida a abusos sexuales y torturas para dejar un claro mensaje: "a aquella persona que roba, le deben ser cortadas las manos'".
La descripción del martirio de esa mujer de 22 años es horrorosa. Pero para que no quedaran dudas del alcance que el ministerio público otorga al crimen, la fiscal mostró la similitud con las represalias que practican los carteles mexicanos del narcotráfico.
A su vez, el Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta sostuvo, en su intervención, citando a la socióloga Rita Segato "que esta clase de femicidios tiene dos destinatarios: primero para los pares en cuanto a que "si hacés esto, pasa esto' otro y para las mujeres … comprender que dispusieron del cuerpo de Daniela como objeto y determinaron que merecía la muerte".
La víctima y los victimarios son, todos, protagonistas de una realidad violenta que se percibe en los barrios. La falta de trabajo digno, la escasez de recursos, la dependencia de los subsidios, la deserción escolar y la presencia de patotas convierte a los suburbios en territorio propicio para el narcomenudeo y su secuela criminal.
El ingreso de pasta base de cocaína consolida la presencia del crimen organizado en los barrios donde crecen las adicciones y donde el paco es un negocio ilegal -que se hace a la luz del día- y causa estragos.
En el femicidio de Daniela Guantay, todo indica que se trató de tormentos seguidos de muerte como represalia por un faltante de droga, y que se trató de un crimen instigado desde afuera.
Es claro que los cuatro hombres y las dos mujeres imputadas en este frenesí de muerte son pequeños dealers que reportan a una organización.
Es complejo el escenario futuro de nuestra provincia, que lidera los indicadores de femicidios y duplica la media nacional. Es imprescindible reforzar el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y todas las dependencias y organismos referidos a la mujer, designando profesionales idóneos en los cargos vacantes y garantizando el financiamiento.
Y es imprescindible una acción preventiva contra los violentos y los narcos.
Además, resulta perentorio que la provincia se asocie con la región y con las autoridades nacionales para poner en marcha políticas de Estado acordes con la gravedad de la crisis social y la violencia creciente del crimen organizado.