Al igual que el mes pasado, desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Enresp) tuvieron que presentar una medida cautelar para que Edesa pague lo que recauda por la tasa de fiscalización y control que los usuarios de la empresa de distribución eléctrica abonan todos los meses con las boletas del servicio.
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Al igual que el mes pasado, desde el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Enresp) tuvieron que presentar una medida cautelar para que Edesa pague lo que recauda por la tasa de fiscalización y control que los usuarios de la empresa de distribución eléctrica abonan todos los meses con las boletas del servicio.
El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, Gabriel Chibán, ya obligó a la compañía de electricidad a transferir $18.500.000 al Enresp por lo que correspondía de enero y ahora el mismo magistrado tiene que resolver la nueva cautelar.
Mañana habrá una reunión de conciliación entre las partes convocada por el juez Chibán, quien también tiene que resolver la acción de amparo de fondo solicitada por el Ente para que Edesa cumpla de manera definitiva con el pago íntegro de la tasa de fiscalización del 1 al 5 de cada mes, como lo establece un convenio que se hizo con la empresa en 2006.
En otro carril sigue la denuncia del Enresp por una deuda de $197 millones que Edesa mantiene con la institución autárquica de control correspondientes a la falta de rendición del tributo por fiscalización que abonaron los vecinos de Salta durante 2019, más las multas que se aplicaron a la prestadora del servicio básico por esa irregularidad.
El pago de la deuda podría ser resuelto en una negociación entre el Gobierno, Edesa y el Ente Regulador, aunque de igual manera desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público se abrió un expediente para estudiar la posible comisión de un fraude que no solo incluiría a la empresa, sino también a la anterior administración del Ente.
El origen
Cuando se creó por ley el Ente Regulador, en 1996, se dispuso la creación de un fondo que las concesionarias de los servicios públicos deben pagar al organismo de contralor. Para ello se fijó una tasa de fiscalización del 2% del total abonado por cada usuario de las empresas prestadoras.
Ese tributo, que se cobra religiosamente todos los meses ya que Edesa tiene el mayor porcentaje de cobranza asegurada como consecuencia de que presta un servicio vital, es el que la empresa dejó de pagar.
En la actualidad, la tasa de fiscalización representa un promedio de $16 millones mensuales, según estimó el titular del Enresp, Carlos Saravia, en diálogo con El Tribuno.
El funcionario explicó que desde Edesa se excusan de haber retenido lo que cobraron por la tasa de fiscalización por una deuda que existe de un subsidio nacional que la empresa nunca recibió.
"Ellos argumentan que se han transferido 122 millones de pesos desde el Fondo Compensador Tarifario que administra el Consejo Federal de Energía Eléctrica y que nunca se lo otorgaron. Entonces plantean que el Ente Regulador y el Estado es lo mismo, pero eso es desconocer lo que es la naturaleza de un ente autárquico. En realidad lo que hacían era compensar de hecho y se cambiaban los recibos, una práctica indudablemente impropia", detalló Saravia.
"La plata que se la descuentan a los usuarios del servicio tiene un fin específico y debe venir al Ente Regulador", afirmó el director.
Ganancias millonarias
Saravia aclaró que Edesa factura en Salta unos $10 mil millones por año.
"Para nosotros el argumento que utilizan de que es una empresa carente no tiene asidero", dijo el titular del Ente y recalcó que el fondo que se debe por la tasa de fiscalización es "vital" para el funcionamiento del organismo estatal de control.
"Nosotros tenemos la dependencia de esos recursos para pagar los sueldos, que son más o menos $12 millones por mes y, lógicamente, lo que necesitamos es que se garantice el pago en los primeros días del mes", dijo Saravia y contó que Edesa ahora quiere transferir lo de la tasa en tres partes por mes.
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