Los argentinos entramos en nuestra segunda semana de cuarentena estricta en un clima de vigilia. La pandemia de COVID-19 castiga al mundo con una dureza inédita en el último siglo y la homilía del papa Francisco, el viernes, dio la pauta de la profundidad de la crisis y del desconcierto.
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Los argentinos entramos en nuestra segunda semana de cuarentena estricta en un clima de vigilia. La pandemia de COVID-19 castiga al mundo con una dureza inédita en el último siglo y la homilía del papa Francisco, el viernes, dio la pauta de la profundidad de la crisis y del desconcierto.
El coronavirus plantea la mayor amenaza global que el país haya sufrido en toda su historia. Una amenaza que exige de las autoridades prudencia y firmeza, y una estrategia que contemple los peligros que hoy se presentan para las empresas y las pymes, generadoras de bienes y trabajo, para los asalariados y para el 25% de los hogares familiarizados desde hace décadas con el desempleo y la pobreza.
Los riesgos que enfrenta el país, según lo perciben los expertos y los gobernantes, tienen tres dimensiones, sanitaria, económica y social: la incapacidad del sistema de salud pública para contener a los enfermos graves que requieren terapia intensiva y respiradores; la consecuencia, que se presume catastrófica, de una cuarentena que paraliza a un país debilitado, y la caída de la producción y el empleo que castigará a los sectores populares donde prevalece el trabajo en negro y el cuentapropismo de subsistencia.
En ese contexto, es previsible el riesgo de desbordes sociales de los sectores más vulnerables y de respuestas autoritarias de las autoridades. Cuando es perentorio construir una convivencia democrática y pacífica, toda la ciudadanía debe estar atenta para tratar de salir lo mejor posible de la crisis.
La cuarentena trata de evitar el colapso de la infraestructura para terapia intensiva que ya era evidente en la anterior emergencia, la gripe A de 2009, menos contagiosa y subestimada por el gobierno de Cristina Fernández, pero que hubiera servido para definir una estrategia preventiva. No la hubo.
Se estima que para los 44 millones de habitantes del país, hay apenas unas 8.600 camas de terapia intensiva para adultos y 1.800 pediátricas, pero solo el 60% cuenta con el equipamiento imprescindible para una patología respiratoria como la que provoca el COVID-19. También hay insuficiencia de médicos, enfermeros y auxiliares, que además carecen de elementos suficientes de protección.
La evolución de los contagios y las muertes, en el mundo y en el país, hacen temer por un pico de la pandemia en las próximas semanas. La cuarentena no tiene fecha de vencimiento. En estas condiciones, la incertidumbre se vuelve en el mayor peligro para la disciplina social, porque el aislamiento paraliza la economía y el consumo, por lo que los ingresos de millones de hogares se van encontrando sin medios para sobrevivir. Además, quienes habitan en viviendas pequeñas, con familias numerosas y sin condiciones básicas de espacio, higiene y entretenimiento viven la cuarentena como una pesadilla. Además, el encierro, necesariamente impone convivencias en las que pueden estallar o profundizarse los conflictos intrafamiliares.
Esta realidad, al parecer olvidada, explica las aglomeraciones de miles de personas que, sin observar las medidas elementales de seguridad sanitaria, concurrieron el viernes a los cajeros a sacar dinero en efectivo. Esto, para las autoridades, debió haber sido previsto.
Frente a esta situación, además de las decisiones en materia de política sanitaria, el Gobierno nacional, los provinciales y municipales deben observar conductas coherentes y consistentes. La reapertura imprevista del clearing bancario, el jueves pasado, fue una medida de altísimo costo social que el Banco Central adoptó en el peor momento y golpeó al sector más frágil del sistema productivo.
De ese modo, vuelven a aflorar las dudas acerca de si existe o no un plan económico de emergencia, como sí exhiben muchos otros países, que apuntale al sistema productivo para minimizar las secuelas de la cuarentena.
Una vez más, hay que tener presente que ante una crisis de la magnitud de la actual se pone en juego toda la capacidad de conducción de los gobiernos. En estos días, la conducta de los funcionarios pondrá de manifiesto si conocen la verdadera dimensión de los problemas y si son capaces de actuar con responsabilidad y mesura.