En un contexto de medidas que el Gobierno viene tomando para contener el avance de la pandemia de coronavirus, en las próximas horas podría definirse una que ya generó malestar en el sector implicado. Sucede que, en la teleconferencia que mantuvo con varios Diputados, Ginés González García anticipó un proyecto que preocupa a los empresarios. “Vamos a enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todo los recursos sanitarios de la Argentina. No vamos a discutir propiedad. Podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, sostuvo el ministro de Salud. Y encendió las alarmas.
inicia sesión o regístrate.
En un contexto de medidas que el Gobierno viene tomando para contener el avance de la pandemia de coronavirus, en las próximas horas podría definirse una que ya generó malestar en el sector implicado. Sucede que, en la teleconferencia que mantuvo con varios Diputados, Ginés González García anticipó un proyecto que preocupa a los empresarios. “Vamos a enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todo los recursos sanitarios de la Argentina. No vamos a discutir propiedad. Podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, sostuvo el ministro de Salud. Y encendió las alarmas.
“Queremos que cada jurisdicción entienda racionalmente que todos los argentinos tengan los recursos que tienen que tener”, insistió González García. Si bien la decisión parece estar tomada, el proyecto aún no está cerrado. De esta forma, el Ministerio de Salud convocó a una reunión, para este jueves al mediodía, para pulir detalles directamente con los empresarios.
En principio, si se avanzara tal como pretende el Gobierno, tendría la potestad para decidir adónde se deriva a cada nuevo infectado por coronavirus en todo el país, más allá de que ese centro de salud pertenezca al sistema de salud público o privado. Así, desde el sector empresario señalan su disconformismo porque alguien sin ningún tipo de cobertura podría ser tratado en una clínica privada y, en contrapartida, un abonado a una prepaga podría ser atendido en un hospital público.
Según la visión del sector empresario, que a través de obras sociales y prepagas cubre al 70 por ciento de la población, esta medida terminaría con “el derecho preexistente” e incluso algunos dudan de la “constitucionalidad”. Además, muchos se preguntan qué pasará después de esta situación de emergencia que presenta la pandemia. En consecuencia, no descartan presentar amparos judiciales. (Infobae)