La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal de Orán en feria, Daniel Murúa y el interino de Derechos Humanos, Santiago López Soto, investiga denuncias vinculadas con el accionar de efectivos de la Policía de la Provincia en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
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La Unidad Fiscal integrada por el fiscal penal de Orán en feria, Daniel Murúa y el interino de Derechos Humanos, Santiago López Soto, investiga denuncias vinculadas con el accionar de efectivos de la Policía de la Provincia en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Según consta en las actuaciones, una mujer mayor de edad de San Ramón de la Nueva Orán denunció que fue maltratada, golpeada e insultada por personal policial, en esa ciudad y en circunstancias en las que se trasladaba con barbijo y a pagar servicios, de acuerdo a la terminación de DNI establecida por las autoridades.
De acuerdo a la denuncia ratificada en la fiscalía el 16 de abril pasado, la mujer, quien se trasladaba en moto, fue detenida por un control policial donde tres efectivas de la fuerza de seguridad la hicieron bajar del vehículo a la fuerza, la subieron a un móvil policial, le propinaron golpes de puño en la cabeza y en las mejillas y boca. Luego la trasladaron hasta el hospital local, donde la registraron, pero no fue atendida.
Posteriormente, la habrían llevado a un consultorio privado donde bajaron las policías del vehículo, pero no la denunciante. Más tarde, durante el trayecto hasta la Comisaría 20, la insultaron y se burlaron y siguieron pegándole en la cara. En la seccional, y luego de tomar sus datos y “marcarle los dedos”, le negaron agua y la posibilidad de ir al baño.
Cuando le dijeron que podía retirarse, una tía la esperaba y al ver el estado de la víctima, pidió que tomaran la denuncia sobre el accionar policial. Le dijeron que debía esperar el cambio de guardia, pero al producirse, informaron a la familiar de la denunciante que iba a ser demorada por tomar fotos de un vehículo policial.
En la denuncia también consta que la Policía la amenazó con “armarle una causa penal” y que le negó información sobre el destino de su motocicleta y las actuaciones iniciadas en su contra.
Los fiscales ordenaron distintas medidas, mientras que el Gabinete de Medicina Legal del CIF confirmó la presencia de lesiones.