El procurador general de Salta, Abel Cornejo, instruyó al fiscal penal a cargo de la Ufinar para que requiera a los jueces intervinientes que los automotores, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, máquinas y equipos industriales o agrícolas y el dinero en pesos y divisas extranjeras (secuestradas o decomisadas), sean destinados al Ministerio Público Fiscal. Le corresponde el 30% del total de lo secuestrado, que debe destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y gastos que demandan las investigaciones.
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El procurador general de Salta, Abel Cornejo, instruyó al fiscal penal a cargo de la Ufinar para que requiera a los jueces intervinientes que los automotores, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, máquinas y equipos industriales o agrícolas y el dinero en pesos y divisas extranjeras (secuestradas o decomisadas), sean destinados al Ministerio Público Fiscal. Le corresponde el 30% del total de lo secuestrado, que debe destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y gastos que demandan las investigaciones.
La resolución precisa que la ley de presupuesto prorrogada autoriza al Ministerio Público de la Provincia de Salta a reinvertir los fondos provenientes de "la venta de productos elaborados, bienes en desuso u otros ingresos", de acuerdo a los procedimientos y metodologías establecidos por la ley de contrataciones.
También la ley nacional 23737 establece que "el juez procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito". Y en Salta, la ley 7838 dispone que "el juez de Garantías, a pedido del fiscal o de parte interesada, dispondrá la entrega en depósito de los bienes secuestrados".
Con mayor especificidad para el supuesto de dinero secuestrado, la ley 7838, modificada por ley 8.145, prevé que "el juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el treinta por ciento (30 %) del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para solventar gastos vinculados a las investigaciones llevadas a cabo contra los delitos de su competencia".
Vale recordar que la ley 7782, modificada por la ley 8145, establece que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y/o el producto de su venta se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, y para solventar gastos vinculados a las investigaciones de los delitos previstos por la ley nacional 23737.
Una práctica moderna
La afectación de los beneficios patrimoniales derivados del narcotráfico se creó como una estrategia para enfrentar su problemática, por un lado para reducir la rentabilidad del negocio. En virtud del régimen jurídico de los bienes incautados y su vinculación a procesos penales o a acciones de extinción de dominio hace parte de la respuesta normativa del Estado.
En muchos países fue una de las respuestas que el Estado dio para la problemática.
Los bienes incautados y a la destinación definitiva de aquellos cuyo dominio se declare judicialmente extinguido, se orienta a la ejecución de una política estatal en materia delictiva, dirigida a reducir la problemática de la droga.
Judicialmente está consensuado que los bienes afectos a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y conexos o aquellos sobre los cuales recaiga una acción de extinción del dominio se sustraen por orden judicial del tráfico jurídico y mercantil, mediante el decreto de medidas cautelares, de manera que desde cuando éstas se hacen efectivas hasta cuando el funcionario judicial competente se pronuncia en forma definitiva sobre la procedencia o improcedencia del decomiso o la pérdida del derecho de dominio a favor del Estado su titular pierde no solamente el poder dispositivo, sino también su administración.
Ese punto es clave para dar ventajas al Estado en su lucha contra el flagelo de la droga.
Peligro y exceso
Los ciudadanos no deben olvidar que en la medida que el sistema empiece a funcionar y dé amplios dividendos dada las enormes sumas que genera el narcotráfico, se puede llegar a generar un aumento de la demanda de bienes incautados.
Es decir que la búsqueda de aquellos tesoros puede conducir a prácticas policiales y judiciales violatorias de las garantías y de los derechos constitucionales.
O sea posibles abusos sobre los titulares del dominio sobre esos bienes.
Se puede inferir que la reducción de los beneficios patrimoniales producidos por el narcotráfico para afectar el negocio ilícito dará como rédito la disminución de las actividades delictivas que se reflejará en una reducción correlativa de los recursos generados por ellas y por consiguiente en el número y valor de los bienes incautados.
El primer paso al parecer ya se dio en la provincia sobre los bienes que descansan en poder del Estado.
El reparto de un botín inextinguible
En Estados Unidos el proceso de incautación de bienes provenientes de la delincuencia depende de quien haga el decomiso.
El dinero encontrado o los bienes incautados van a un fiscal quien determina si existen suficientes pruebas para que el caso se vaya a una corte. El dueño debe probar la inocencia de lo que ha sido confiscado.
Una vez que se determine la legalidad o ilegalidad del dinero y víctimas del crimen sean compensadas, el Departamento de Justicia, bajo una ley llamada distribución equitativa de fondos, reparte el dinero sobrante a los departamentos de policía que hayan estado involucrados en la investigación del caso. “Por ley, 65% va al departamento que confiscó, 35% se divide entre el Estado y los fiscales, para continuar operaciones antidroga”.
Este dinero se utiliza para comprar equipo, tecnología, entrenamientos y operaciones para seguir combatiendo el narcotráfico.
En caso de que los bienes resulten decomisados por una operación federal en la que participan entidades como el FBI o la DEA, el dinero termina bajo la custodia de los Departamentos del Tesoro y de Justicia, y los bienes y propiedades son revendidas en subastas.