La salida condicionada y paulatina de la cuarentena en Salta inaugura una nueva etapa de un ciclo complejo, inesperado y que impone nuevas exigencias. El COVID-19 no deja margen para el exitismo ni para las aspiraciones de nadie que quiera sacar rédito de la emergencia.
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La salida condicionada y paulatina de la cuarentena en Salta inaugura una nueva etapa de un ciclo complejo, inesperado y que impone nuevas exigencias. El COVID-19 no deja margen para el exitismo ni para las aspiraciones de nadie que quiera sacar rédito de la emergencia.
No se trata tampoco de elegir entre economía y salud, sino de tomar las medidas adecuadas para evitar la quiebra masiva de empresas, retomando la actividad sin abandonar la prevención.
El esfuerzo debe seguir siendo colectivo.
En Salta se adoptaron medidas imprescindibles. Afortunadamente, la pandemia no entró en la provincia y, si la ciudadanía mantiene la disciplina sanitaria -que depende, en gran medida, de la conciencia de cada uno- es muy probable que los contagios y los tratamientos queden bajo control.
La salida de la cuarentena no supone el fin del peligro, ni el definitivo abandono de las medidas de precaución.
Poco se sabe aún de este coronavirus que está poniendo en jaque la economía del mundo y la vida de miles de personas vulnerables.
La pandemia no es en Salta una catástrofe todavía, pero muchos de sus efectos pueden ser parecidos. La paralización de la economía en el mundo va a tener efectos muy serios en el producto bruto global y esto se sentirá en cada rincón del planeta.
La Organización Mundial de Comercio prevé una caída de entre el 13% y el 32% del comercio mundial para este año.
Para el Fondo Monetario Internacional "los costos humanos de la pandemia de coronavirus ya son inconmensurables".
A su vez, el Banco Mundial anticipa que la economía de Latinoamérica y el Caribe, sin contar a Venezuela, caerá un 4,6% en 2020. "Esto se va a parecer mucho a una economía de guerra", advirtió la institución.
Todas estas entidades coinciden en que la región va "a sufrir la segunda fase", con miles de empresas que no van a poder cubrir sus gastos, que van a despedir trabajadores, que no podrán pagar sus impuestos y "la demanda va a caer, las finanzas públicas van a sufrir".
Nadie, empezando por los gobiernos, debería desatender esta advertencia. Mucho menos, en una Argentina al borde del default.
En abril las ventas cayeron 57,6 % en el país, pero en algunos sectores el derrumbe llegó al 75%.
En tanto, la recaudación subió apenas 11,6% con respecto a abril de 2019, frente a una inflación que superó el 50%.
En esta controlada salida de la cuarentena, Salta necesitará que el Estado actúe en forma criteriosa, asumiendo una situación de excepción y pensando el futuro, no solo después de la pandemia, sino en el largo plazo.
Entramos en un proceso en el que nadie, empresario ni funcionario, tiene derecho a buscar ventajas en la desgracia ajena.
Las empresas salteñas no cargan solo con el peso de la cuarentena sino con el deterioro acumulado de diez años de cepo, inestabilidad, desinversión, recesión e inflación.
Solo el 63 por ciento de los comercios no exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio realizaron ventas por teléfono o por internet. Y hay un 40% que ni siquiera vendió online.
La ayuda prometida por el Estado nacional no es fluida ni llega a todos. Apenas el 8 ciento de las empresas accedió sin problema al crédito del 24% y un 21% espera que lo califiquen.
Ciertamente, el sistema bancario no está actuando a la altura de las exigencias de esta pandemia.
Las empresas privadas dependen de su actividad para sobrevivir. Es ese el sector que aporta impuestos para sostener al Estado y el que genera empleos genuinos. Una empresa que no factura no está en condiciones para responder a esas exigencias.
Frente a un escenario crítico como el que se presenta, los gobiernos de la Nación y la Provincia deberán extremar los esfuerzos y tomar medidas eficaces para resguardar el sistema económico y la paz social.