La detención de un imputado de Aguaray que permanecía prófugo desde diciembre de 2019 y la decisión del fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón, de remitir el caso a la Justicia Federal de Tartagal, con actuaciones avanzadas, sumaron en los últimos días un nuevo capítulo en la investigación del millonario fraude al Estado argentino con caños del Gasoducto del NEA.
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La detención de un imputado de Aguaray que permanecía prófugo desde diciembre de 2019 y la decisión del fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón, de remitir el caso a la Justicia Federal de Tartagal, con actuaciones avanzadas, sumaron en los últimos días un nuevo capítulo en la investigación del millonario fraude al Estado argentino con caños del Gasoducto del NEA.
Los antecedentes del expediente penal que se abrió en noviembre de 2019 muestran un llamativo contraste frente a las flojas actuaciones que se desarrollaron en el fuero federal de Orán luego de los resonantes procedimientos del pasado 7 de febrero en Aguaray y del 14 de abril último en General Mosconi.
El 13 de noviembre de 2019, en el paraje El Desemboque, policías de Alto La Sierra detectaron un camión cargado con 14 caños del Gasoducto del NEA y observaron en un camino vecinal otra gran cantidad de tubos acopiados para su transporte. El chofer, de Salvador Mazza, quedó detenido y el equipo fue secuestrado junto a 77 caños de 24 pulgadas.
Solo un día después Cazón tomó declaración al chofer, Miguel Angel Cuéllar, en audiencia de imputación por robo calificado.
El 6 de diciembre el detenido de Salvador Mazza amplió su declaración y admitió que había sido contratado para el flete por Dante Rodríguez, de Aguaray, para quien el fiscal pidió ese mismo día la captura. Rodríguez se mantuvo como prófugo hasta el pasado martes, cuando fue detenido en el norte salteño por efectivos policiales. El miércoles Cazón le tomó declaración como imputado por robo calificado y el viernes solicitó al juez de Garantías 2, Nelso Aramayo, que declare la incompetencia material de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, con las actuaciones determinantes concluidas. De esta forma, la investigación que se abrió el 13 de noviembre quedó encaminada hacia el fuero federal de Tartagal. En los próximos días, si el juez Carlos Martínez Frugoni acepta la competencia, la causa se radicará en la Fiscalía Federal de la ciudad cabecera del departamento San Martín.
Consultado sobre su presentación, Cazón señaló que "solicité la incompetencia material con secuestro y detenido, sin requerimiento, para facilitar que se profundice la investigación en el fuero federal a fin de ampliar posibles imputados para la causa". El fiscal de Salvador Mazza remarcó que su decisión, encuadrada en el artículo 44 del Código Procesal Penal de Salta, responde a los principios de cooperación entre la Justicia provincial y federal, que sostiene el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. El tercer párrafo del artículo 44 del Código Procesal provincial establece que "... la incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado del proceso, y el tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere".