Mendoza no sale del asombro por una fiesta privada que organizó una funcionaria departamental, que rompió la cuarentena en medio de la pandemia del nuevo coronavirus .Se trata de la secretaria de Relaciones Institucionales de la comuna de La Paz, Patricia Mercado, y su marido, el farmacéutico Eduardo Cuesta, quienes festejaron los cumpleaños de 15 y 18 de sus hijos, con una gran asistencia de allegados y familiares.
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Mendoza no sale del asombro por una fiesta privada que organizó una funcionaria departamental, que rompió la cuarentena en medio de la pandemia del nuevo coronavirus .Se trata de la secretaria de Relaciones Institucionales de la comuna de La Paz, Patricia Mercado, y su marido, el farmacéutico Eduardo Cuesta, quienes festejaron los cumpleaños de 15 y 18 de sus hijos, con una gran asistencia de allegados y familiares.
La celebración fue en la casa de un tío de la mujer, sin respetar las disposiciones vigentes. Por eso, la Justicia provincial decidió imputarlos por violar el artículo 205 del Código Penal en relación con el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Por estas horas, en ese municipio del este provincial que conduce el justicialista Fernando Ubieta analizan si tomarán alguna medida contra la funcionaria. Lo que sí se confirmó es la notificación de la acusación del Ministerio Público Fiscal. La fiscal de instrucción Mariana Cahiza imputó a Mercado, su marido y el dueño de la vivienda y, según pudo saber La Nación, en las próximas horas avanzará con el resto de los adultos presentes en la celebración, quienes quedaron expuestos luego de que se viralizara por las redes sociales un video en el que se observan todos los incumplimientos en las recomendaciones de distanciamiento e higiene.
De hecho, fueron los propios vecinos los encargados de alertar a las autoridades sobre la reunión que se estaba realizando en la casa del tío de la funcionaria, Norberto Mercado, por el fuerte volumen de la música.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, pudieron comprobar que se trataba de una "fiesta familiar", tal como adujeron los acusados, pero este tipo de eventos están prohibidos por el decreto presidencial dispuesto en marzo, cuando llegó al país la enfermedad que tiene en vilo al mundo.
El delito que se les endilga a los infractores es el que estipula el artículo 205 del Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de "seis meses a dos años" el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
Ayer, en total hermetismo, la funcionaria buscó eludir a la prensa, aunque se supo que anoche mantendría una reunión con el jefe comunal para definir su situación.