Los municipios de Aguaray y de Santa Victoria Este iniciarán la próxima semana envueltas en una crisis institucional sin precedentes ya que ambos intendentes no encuentran las explicaciones ni para los respectivos cuerpos deliberativos ni para sus comunidades, que puedan aquietar las aguas.

El próximo lunes el deliberativo de Aguaray se reunirá a puertas cerradas y tomando todas las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19 para tratar en sesión especial el inicio del juicio político al intendenten Enrique “Quique” Prado quien hasta el momento no satisfizo ni medianamente al cuerpo de concejales con sus respuestas a los pedidos de informes formulados por el cuerpo. 

 Los concejales -antes del aislamiento social y obligatorio- le habían otorgado a Prado 10 días hábiles para que responda porqué motivos autorizó el retiro de unos 35 kilómetros del gasoducto del GNEA que pasan por la jurisdicción de ese municipio mediante una resolución que lleva su firma y la de ex secretario de haciendo Freddy Céspedes, a favor de una empresa mendocina que al parecer hizo millonarias ganancias con la venta de esas instalaciones industriales. 

Como el tiempo otorgado no fue suficiente Prado solicitó cuatro días más que se cumplieron el viernes anterior. Pero en ese plazo según explicó el vicepresidente del cuerpo Juan José Sarzur 2tampoco respondió ese pedido de informes y solo nos envió copia de una carta documento que supuestamente le envió a la empresa mendocina para que ésta le remita los papeles, algo que no tiene ningún sustento porque se supone que el ejecutivo debe tener el expediente en su poder. Por ese motivo - precisó Sarzur- este lunes el cuerpo se reunirá en sesión especial para decidir el inicio del juicio político que puede terminar en una absolución o en la destitución de Prado”.

El cuerpo le otorgará los 30 días hábiles que establece la ley de municipios para que responda los requerimientos del cuerpo y convocará a funcionarios y particulares que puedan echar un poco de luz sobre el controvertido tema por el que Prado ya fue imputado junto a otros dos funcionarios y un empresario por la justicia federal por el delito de fraude a la administración pública, carátula que podría transformarse en asociación ilícita por la concurrencia de tres o más personas para cometer el millonario fraude. 

En el chaco salteño

A pesar del tono conciliador que el intendente Rogelio Nerón intenta ponerle a la situación, los concejales de esa postergada zona del chaco salteño pidieron la intervención del municipio que en la actualidad tiene 2 presidentes del Concejo Deliberante. La crisis institucional se agravó la semana anterior cuando el cuerpo convocó a una sesión especial donde decidió nominar a un criollo como nuevo presidente del deliberativo sin que tuvieran conocimiento de la sesión, 3 de los ediles que pertenecen a pueblos originarios.

 Rogelio Nerón explicó que ‘me reuní con todos los concejales, les pedí que trabajemos juntos, que dejen esas actitudes de lado porque así no vamos a poder traer ninguna solución para las comunidades; los que piden que se intervenga el municipio quieren que yo les diga donde está la plata de los pozos de agua y no quieren entender que no la tengo en mi poder, que son la provincia, la nación y (el animador Marcelo) Tinelli los que se comprometieron con esas obras pero yo no manejo un peso de eso‘.

 Los opositores a Nerón por su parte reclaman que el intendente de la etnia wichí no rinde los recursos que recibe el municipio en concepto de coparticipación y regalías y que despidió a varios funcionarios para que familiares suyos ocupen esos cargos. La crisis parece no tener fin. 

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