Desde hace largo tiempo, Laura Patocco lucha contra el cáncer, la indiferencia de su obra social, Boreal, y la burocracia. Solo por su carácter inquebrantable ella sigue ganando batallas, pese a las sistemáticas demoras que sufre en la entregas de medicaciones y tratamientos.
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Desde hace largo tiempo, Laura Patocco lucha contra el cáncer, la indiferencia de su obra social, Boreal, y la burocracia. Solo por su carácter inquebrantable ella sigue ganando batallas, pese a las sistemáticas demoras que sufre en la entregas de medicaciones y tratamientos.
La vecina de Ciudad Valdivia, de 41 años, paga el plan más elevado a Boreal con religiosa puntualidad, pero a cambio solo recibe tratos displicentes, humillaciones y miles de objeciones arbitrarias.
Su caso refleja al de cientos de personas, incluidos niños y niñas, a los que un sistema deshumanizado y sin control les roba cada día una hálito de vida.
En marzo de 2019, tras insistir infructuosamente ante su obra social y la Superintendencia de Salud con notas y cartas documento, Laura interpuso una acción de amparo en la Justicia Federal de Salta. En julio de ese año, el juez Julio Bavio ordenó a Boreal que cumpliera con las coberturas a que está obligada por ley en un plazo de 24 horas.
Casi un año después, sin embargo, Laura sigue viendo demorados los ciclos de tratamiento. El pasado 20 de mayo, ante una presentación de su abogada, el juez Bavio intimó a la obra social a regularizar su situación con una multa procesal (astreintes) de $500. "¿Cuánto vale una vida?", se preguntó una de sus hermanas con un mensaje que se viralizó en las redes. En los amparos de salud, las multas judiciales suelen ser tan bajas que las obras sociales, empresas de medicina prepaga y programas de salud estatales prefieren pagarlas antes que cumplir con las medicaciones y tratamientos más onerosos.
El pasado viernes, luego de semanas de desvelos e insistencias de su abogada, Laura recibió la medicación. Así son las cosas con los cientos de amparos que se tramitan los juzgados federales de Salta por prestaciones, prácticas y medicamentos que rechazan, recortan y demoran obras sociales sindicales y del sector público, empresas de medicina prepaga y programas de salud estatales.
Detrás de cada expediente hay personas y familias que merecen desempeños mucho más responsables en los organismos de control y sentencias más aleccionadoras en los tribunales.
Laura sobrelleva un grado avanzado de la enfermedad y cualquier retraso en la toma diaria de las medicaciones oncológicas puede desencadenar el fin de su vida. Se casó a los 17 años con Guillermo, un empleado preventista. Quiso estudiar pero se le hizo imposible porque priorizó la educación de sus tres hijos, que llegaron muy pronto. Trabajó como promotora y cajera en un supermercado. También fue asistente en una agencia de publicidad y secretaria en un canal de TV local. Ahora hace repostería y pizzas para vender con la ayuda de sus hijos y su esposo.
Soportó infinidad de sesiones de quimioterapia, radiaciones e intervenciones quirúrgicas; pasó largas noches de internación en terapia intensiva y, apenas pudo, volvió a trabajar en su casa, porque su economía hogareña no cierra, como la de tantísimas familias.
Por las medidas que se tomaron para evitar un crecimiento exponencial de contagios de COVID-19, desde hace varias semanas Laura tiene cerradas las puertas de su obra social y pasa horas en espera de que un operador la atienda por WhatsApp.
La vida de un niño
A comienzos de mes, con el acompañamiento de la Fundación HOPe, una joven madre interpuso un amparo contra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) porque dejó sin cobertura a su pequeño hijo, de 4 años, en medio de un tratamiento oncológico.
La presentación de Claudia Ortiz, de 27 años, movió una actuación del juez federal Julio Bavio, pero el nene, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, seguía hasta el cierre de este informe sin recibir la medicación crucial, con más de diez días de retraso en su tratamiento de quimioterapia.
Mes a mes
Desde el 19 de octubre de 2015, un Día de la Madre que quedó grabado a fuego en su memoria, Myriam Sánchez peregrina por los pasillos de los juzgados federales de Salta para que su hija, Vanina, cuente con cuatro medicamentos a los que tiene atada su vida. A la joven le diagnosticaron una cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar irreversible a los tres años. Tiene anemia crónica y toma 400 pastillas por mes. La caja de Usenta (Bosentán), el fármaco más indispensable, cuesta alrededor de $215.000.
El programa estatal Incluir Salud se lo suministra con tal intermitencia que Myriam perdió la cuenta de las veces que la Justicia lo intimó y multó. “Casi todos los meses caemos en la misma situación y todo empieza de nuevo”, señaló Myriam desde la casa de Villa Soledad, donde con Vanina viven en constante vilo. Myriam, como otras madres en su situación, se pregunta por qué su hija tiene que depender mes a mes de “la enorme voluntad que ponen profesionales como Silvia Elías y Teresa Loutaif para quitar trabas”, cuando la demanda de amparo resuelta a fines de 2015 debería haber sido suficiente para terminar con la incertidumbre familiar.
El 8 de mayo de 2019, ante uno de los tantos cortes que tuvo el suministro de la medicación, el cardiólogo Alberto Robredo, del Hospital Público Materno Infantil, advirtió que Vanina “debe continuar con Bosentán en forma continua” porque existe “riesgo de muerte”.
Con todo, los desvelos de Myriam no cesan y la pandemia no hizo más que agrandar su angustia, porque su hija presenta factores de riesgo frente al avance del nuevo coronavirus y ella ni siquiera tiene por esos días puertas a las que pueda golpear.
Más amparos
Según registros oficiales, desde el pasado 16 de marzo solo al Juzgado Federal N°1 ingresaron 65 amparos vinculados con reclamos por prestaciones médicas y medicamentos. El año pasado, en el mismo período, ese juzgado había recibido 55 presentaciones. Los datos reflejan que las demandas de salud, lejos de disminuir, aumentaron en el contexto de la pandemia, la feria judicial obligatoria y otras medidas de aislamiento social dispuestas a nivel nacional y provincial.
En cambio, en la Cámara Federal se registró una merma. A la Sala 1 del tribunal, desde los inicios de las restricciones que se adoptaron frente a la pandemia, ingresaron ocho apelaciones por amparos de salud. El año pasado, en igual período, habían sido 53. Una de las últimas resoluciones favoreció a una abuela que demandó a la Dirección Nacional de Discapacidad por dejar desprotegida a una pequeña nieta que tiene en guarda judicial.
El fuerte movimiento de las demandadas que se presentan contra obras sociales y prepagas en la Justicia Federal de Salta se evidencia en otro dato: los amparos de salud representan cerca del 15% del total de causas ingresadas a los juzgados de primera instancia.