Aunque la pandemia ocupe el centro de la agenda pública, el agravamiento de los problemas sociales y la fragilidad institucional para afrontarlos continúan su marcha. Las seis ocupaciones de terrenos registradas en los últimos días en el sudeste de la capital salteña son la punta del iceberg de esas vulnerabilidades, que poco a poco, se van convirtiendo en problemas estructurales.
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Aunque la pandemia ocupe el centro de la agenda pública, el agravamiento de los problemas sociales y la fragilidad institucional para afrontarlos continúan su marcha. Las seis ocupaciones de terrenos registradas en los últimos días en el sudeste de la capital salteña son la punta del iceberg de esas vulnerabilidades, que poco a poco, se van convirtiendo en problemas estructurales.
El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, informó al Senado que desde enero se registraron unas 40 ocupaciones ilegales en Salta. El dato es elocuente, pero un problema de semejante magnitud exige un diagnóstico social profundo, realizado por especialistas despojados de compromisos con el gobierno o con sectores políticos de cualquier bandería, y que pongan en suspenso los mandatos ideológicos.
Ese diagnóstico no está. De hecho, una sucesión de acontecimientos tan complejos como los descriptos por el ministro hablan de una crisis que involucra al plan habitacional y a la seguridad colectiva, a la Justicia y a la misma Legislatura.
Estas ocupaciones de terrenos ocurrieron en plena cuarentena y hacen presumir que se ignoraron las medidas básicas de seguridad sanitaria, por cuanto en tales condiciones el aislamiento es una utopía.
Al mismo tiempo, es imprescindible saber de dónde provienen los ocupantes. Desde marzo, los desplazamientos de personas están controlados y todo indica que entre aquellos hay algunos que llegaron de otras provincias o países limítrofes. La idealización de los asentamientos precarios o de las villas de emergencia es el producto de facciones políticas que ven en esos núcleos culturales la base de un nuevo sistema político.
Es lo que se da en llamar el "pobrismo". Y es una forma de convertir la pobreza en negocio.
Quienes viven allí por necesidad, en cambio, preferirían contar con trabajo, educación, cobertura sanitaria y vivienda digna, que constituyen, además, derechos consagrados en la legislación nacional y provincial y en los acuerdos internacionales con rango constitucional. El problema de la pobreza existe, es creciente y acuciante. Cualquier gobernante debería abordarlo con criterio propio, objetivos de corto, mediano y largo plazo, y con una escala de valores transparente.
Los asentamientos ponen evidencian la falta de trabajo y servicios básicos en el vasto interior de la provincia, paralizado por la ausencia de iniciativas locales de desarrollo. A su vez, el déficit habitacional -de unas 80 mil viviendas, además de la precariedad de muchas casas en las áreas rurales- expresa también la ficción de las políticas habitacionales, convertidas en anuncios obscenos que solo sirven al lucimiento del gobernante de turno y no satisfacen ninguna necesidad de la sociedad.
La vivienda es un derecho, pero también lo es el de los propietarios de los inmuebles ocupados. Detrás de las usurpaciones, habitualmente se mueven dirigentes políticos y sociales, que terminan haciendo negocio con los bienes de otros. Prometen a los necesitados habituados a sobrevivir en la precariedad beneficios que nunca tendrán.
Cuando un terreno es ocupado, en los hechos, resulta irrecuperable. El Estado debe velar por los derechos de todos, también el de los propietarios. En concreto, debe evitar la ocupación. Para hacerlo hace falta una acción social preventiva, a cargo de personas altamente capacitadas, que cuenten con estrategias para evitar que se multiplique la violencia social que ya sufre la gente. La improvisación, en estos problemas, suele traducirse en represión, que no resuelve nada y solo arroja más leña al fuego.
La seguridad genuina requiere "contención". Cuando una sociedad está fracturada e insegura, la discriminación, la xenofobia y el clasismo la destruyen.
Está amenaza forma parte de la realidad del mundo actual. Frente a las crisis que generan los cambios políticos y sociales, de debilita la confianza en las instituciones, en la autoridad y hasta en los vecinos. Por eso, nadie debe vulnerar los derechos de nadie, y los gobiernos deben hacerse cargo de evitar que estos conflictos se conviertan en la chispa que haga estallar un polvorín.