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Las estatizaciones no han resuelto ningún problema del país

Fundado el 21 de agosto de 1949.
Domingo, 14 de junio de 2020 01:14

La decisión de intervenir y expropiar la exportadora de cereales Vicentin causó enorme impacto en una Argentina emocionalmente condicionada por la pandemia. El anuncio no estuvo acompañado de una explicación clara que justifique interrumpir un proceso legal de concurso de acreedores, a lo que se agregó un entusiasmo de tono ideológico que llevó al presidente a afirmar que "los santafesinos van a estar agradecidos". Y no estuvo más prudente el jefe de Gabinete al aseverar que la empresa está inactiva, cuando se mantiene en actividad, aunque es cierto acumula una deuda estimada en 1300 millones de dólares. El gobierno y la ciudadanía de Santa Fe esperaban una solución muy distinta.

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La decisión de intervenir y expropiar la exportadora de cereales Vicentin causó enorme impacto en una Argentina emocionalmente condicionada por la pandemia. El anuncio no estuvo acompañado de una explicación clara que justifique interrumpir un proceso legal de concurso de acreedores, a lo que se agregó un entusiasmo de tono ideológico que llevó al presidente a afirmar que "los santafesinos van a estar agradecidos". Y no estuvo más prudente el jefe de Gabinete al aseverar que la empresa está inactiva, cuando se mantiene en actividad, aunque es cierto acumula una deuda estimada en 1300 millones de dólares. El gobierno y la ciudadanía de Santa Fe esperaban una solución muy distinta.

El escenario de emergencia es el menos indicado para una medida compulsiva como esta. El gobierno de Alberto Fernández no ha mostrado hasta ahora un plan de acción de gobierno. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores ocupan la atención del ministro de Economía, Martín Guzmán. A su vez, la cuarentena establecida hace casi tres meses alteró por completo la agenda nacional. De hecho, la intervención de Vicentin es la primera medida en la que el ministro del área productiva Matías Kulfas cobra cierto protagonismo. Como aporte al desconcierto se suma la presencia de una dirigente de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, que en la conferencia de prensa agradeció al presidente que haya accedido a una propuesta cuya autoría atribuye a esa organización.

Es imprescindible desalentar los fantasmas del autoritarismo. El kirchnerismo comparte la teoría de que al país le perjudica disponer de fuerte capacidad agroexportadora; la paradoja es que los atisbos de superávit fiscal y cierta bonanza en el comercio exterior tras la crisis de 2001 se debieron a los precios internacionales de la soja que oxigenaron las arcas exhaustas del país.

El conflicto por las retenciones que estalló en 2008 y que solo hizo daño al campo, al gobierno y al país, parece renacer ahora, mientras el oficialismo habla de la necesidad de una "empresa testigo" y grupos de activistas "anticampo" destruyen cientos de silobolsas en los campos sin que desde el Gobierno se tomen medidas ni se formulen reproches.

El presidente ratificó que la intervención de Vicentin es una decisión circunstancial y descartó un plan político de sesgo estatizador. Por cierto, salvo para la militancia, ninguna expropiación de las ejecutadas entre 2008 y 2015 resultó beneficiosa. Más bien, derivaron en juicios e indemnizaciones onerosas.

El endeudamiento y la cesación de pagos hablan de ineficiencia y mala administración de Vicentin, una centenaria compañía familiar valuada en unos US$ 2.000 millones, pero ese no es tema del Ejecutivo, sino de la Justicia civil. Y si hubo acciones ilícitas, la competencia es de la Justicia penal.

En diciembre de 2011, Vicentin acumulaba una deuda de $1024 millones, (US$ 236 millones) de los cuales, $358 millones correspondían al Banco Nación. Desde 2013, contó con una línea abierta en el Banco Nación de US$ 170 millones. A fines de 2015, la deuda total había trepado a $2769 millones (US$ 206 millones), de los cuales $1295 millones correspondían al Banco Nación. En diciembre de 2019, la deuda llegaba a $23.503 millones (US$ 361 millones). A esa deuda bancaria se suman los compromisos impagos de muchos productores de la región que le entregaron su cereal para exportar.

La empresa está en un mal momento, pero por el volumen de negocios que maneja, todo indica que cuenta con recursos para salir adelante. Si el gobierno actuó movido por el interés de impedir que parte de la compañía fuera vendida a un comprador considerado indeseable, debería explicarlo y demostrar que, jurídicamente, es legítimo que lo haga. De todos modos, los fundamentalistas del oficialismo y la oposición deberían considerar que aprovechar este hecho para fracturar más aún al país es frivolidad política. Esto vale tanto para quienes esgrimen la consigna de "soberanía alimentaria", que no es precisamente el problema del país, como para los que pronostican que la Argentina se encamina a una crisis humanitaria como la de Venezuela, lo cual no ocurre ni puede ocurrir.

 

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