Se suspendió la audiencia por vía remota que tenía prevista la indagatoria a Víctor Hugo Bocos en la denominada causa "La Veloz del Norte Residual", por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en nuestra provincia. La estrategia legal de Bocos planteó "razones de salud", por lo que inmediatamente el Fiscal General Carlos Amad solicitó una nueva fecha de audiencia del imputado acompañando el pedido con informes médicos psiquiátricos certificados. También pidió ""personal médico y técnico de Gendarmería Nacional, una constatación de salud y conectividad en el domicilio" del imputado.
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Se suspendió la audiencia por vía remota que tenía prevista la indagatoria a Víctor Hugo Bocos en la denominada causa "La Veloz del Norte Residual", por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en nuestra provincia. La estrategia legal de Bocos planteó "razones de salud", por lo que inmediatamente el Fiscal General Carlos Amad solicitó una nueva fecha de audiencia del imputado acompañando el pedido con informes médicos psiquiátricos certificados. También pidió ""personal médico y técnico de Gendarmería Nacional, una constatación de salud y conectividad en el domicilio" del imputado.
La Justicia Federal de Salta retomó esta semana los juicios por crímenes de lesa humanidad utilizando como herramienta a Skype.
En ese marco, el Juzgado Federal 1 de Salta llamó a ampliar las declaraciones indagatorias a Víctor Hugo Bocos, Víctor Hugo Almirón, Enrique Víctor Cardozo y Marcos Jacobo Levín a fin de fin de hacerles saber la nueva prueba aportada durante el juicio oral, en audiencia que durarían estas dos semanas, hasta el 24 de junio.
La ronda la debía abrir Bocos, pero sólo es parte de un nuevo retraso. Desde la Fiscalía no le ven mucho futuro a la estrategia de la defensa.
El empresario Levín y los otros tres expolicías, más un ejecutivo, están acusados por las torturas a 17 ex trabajadores de la Veloz del Norte a principios de 1977, durante la última dictadura cívico militar.
Los cuatro primeros están imputados por las detenciones ilegales de Ciriaco Nolberto Justiniano, Juan Alberto Alonso, Miguel Ángel Rodríguez, Manuel Eugenio Modad, Carlos Lidoro Aponte, Sonia Rey, Jorge Arturo Romero, Aurelio Rada, Sebastián Lindor Gallará, Oscar Horacio Espeche, Carlos Horacio Pereyra, Jorge Francisco Delaloye, Emilio Bórquez, Norberto Bórquez, Rubén Héctor Vrh y Carlos Eugenio Bais.