Por orden de la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, ayer a la mañana fueron allanadas las oficinas de Tránsito capitalino de calle Santa Fe al 500. Agentes de la Policía buscaron documentación relacionada con la red de corrupción que se descubrió en la dependencia municipal, que ahora lleva el nombre de Secretaría de Movilidad Ciudadana, con la que se facilitaba la entrega de licencias de conducir a cambio de dinero o directamente daban carnets apócrifos.
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Por orden de la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, ayer a la mañana fueron allanadas las oficinas de Tránsito capitalino de calle Santa Fe al 500. Agentes de la Policía buscaron documentación relacionada con la red de corrupción que se descubrió en la dependencia municipal, que ahora lleva el nombre de Secretaría de Movilidad Ciudadana, con la que se facilitaba la entrega de licencias de conducir a cambio de dinero o directamente daban carnets apócrifos.
Según contó a El Tribuno el secretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, en el allanamiento se llevaron al menos 300 legajos de trámites de licencias desde 2018, que es cuando desde la Justicia empezaron a investigar las operaciones irregulares de Tránsito.
Por el caso se detuvo a ocho empleados municipales y a tres civiles, quienes eran los que supuestamente captaban a los "clientes" que querían tomar atajos para tener sus permisos de conducir. Están acusados de conformar una asociación ilícita.
La investigación, que lleva adelante la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, avanza sobre dos sistemas que había para llegar al carné de manera irregular. En ambos se descuenta una intrincada red de complicidades que evidentemente se pasaban por alto en los necesarios controles internos que deberían haber existido en áreas sensibles de atención al público.
Uno de los métodos del negocio fraudulento que se había montado en Tránsito consistía en hacerle evitar al conductor que iba a sacar su licencia los exámenes teórico y de manejo, que son requisitos para obtener el carnet, con solo pagar una tarifa que iba desde los $1.500 a los $3.000, de acuerdo a la prueba que querían evitar, según pudo comprobar y denunciar el propio Gilberto Pereyra.
En el otro sistema de corrupción se vendían carnet truchos, que no tenían ninguna diferencia con los originales, salvo que los datos de los conductores no quedaban registrados en el sistema nacional de las licencias de conducir.
En octubre del año pasado fueron condenadas en un juicio breve dos personas por peculado y falsificación de instrumento público. Se trata de quien estaba a cargo del canchón municipal, quien entregó a la otra persona procesada un auto del depósito que no era el suyo.
"Seguramente utilizaban la impresora de Tránsito para hacer esas licencias", estimó Pereyra.
Las licencias apócrifas se fueron descubriendo a medida que los conductores volvían a renovar sus permisos y sus datos no figuraban en el sistema.
Hasta ahora aparecieron poco más de 300 de esos carnets y no se descarta que se descubran muchos más cuando se rehabilite el trámite para obtener las licencias, suspendido por las medidas de prevención contra el COVID-19.
Parate
En tanto, sigue la asamblea permanente (que es un paro de actividades de hecho) de los inspectores de Tránsito quienes protestan porque se les quitó la facultad para hacer multas.
Sobre la medida de restringir a los agentes solamente al control y mejoramiento de la circulación vehicular no se escuchó ninguna queja por parte de los contribuyentes de la capital salteña. Más bien se entiende, aunque no lo puedan decir los funcionarios, que es una forma de evitar las coimas por infracciones viales, que, por cierto, siempre necesitaron de dos partes: el que las pedía y el que las pagaba.
"Me sorprende la actitud de los inspectores, porque no se los está perjudicando en lo laboral", acotó Pereyra.