Entre los loteos estatales que más dieron que hablar en los últimos años se cuentan los de la zona de Parque La Vega, en el sur de la capital salteña. Allí los herederos de la sucesión de Celestino Burgos fueron despojados de más de 56 hectáreas con tres expropiaciones dispuestas sobre un mismo inmueble.
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Entre los loteos estatales que más dieron que hablar en los últimos años se cuentan los de la zona de Parque La Vega, en el sur de la capital salteña. Allí los herederos de la sucesión de Celestino Burgos fueron despojados de más de 56 hectáreas con tres expropiaciones dispuestas sobre un mismo inmueble.
La primera se remonta a 2006, cuando una franja de 2,6 hectáreas fue declarada de utilidad para construir el canal pluvial que atraviesa las barriadas de ese sector de la capital provincial. Por aquel proceso aún sigue pendiente un reclamo de intereses.
La segunda expropiación, de 38 hectáreas que fueron declaradas de interés público en noviembre de 2012, continúa impaga a pesar de una sentencia firme.
En 2016, la familia Nuñez Burgos sufrió una nueva expropiación, de 16 hectáreas, como consecuencia de las ventas y adjudicaciones irregulares de lotes por las que funcionarios de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat de la Provincia fueron enjuiciados en 2018 junto a punteros políticos, bajo cargos de estafa. Ante la presión de familias defraudadas, el Gobierno volvió a echar manos a la propiedad de la sucesión para ampliar, con una segunda etapa de 160 parcelas, la convulsionada urbanización compuesta por más de mil lotes.
A diferencia de otros propietarios, los herederos de sucesión aceptaron las condiciones impuestas por el Gobierno, que tasó sus tierras a un 30% del valor de mercado. Aun así, la gestión anterior dejó impagas las expropiaciones y el millar de familias que allí recibió un lote sigue privado de escrituras, infraestructuras y servicios adecuados.
Las casas del IPV en Pereyra Rozas
Los adjudicatarios no podrán tener escrituras mientras no se paguen las tierras expropiadas.
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) ejecuta en el barrio Pereyra Rozas más de 700 unidades habitacionales.
De esas viviendas, 501 ya fueron sorteadas entre preadjudicatarios que pagaron fuertes anticipos por ellas y otras 29 se encuentran ocupadas por familias adjudicatarias.
La entrega de otras 168 casas, correspondientes a las etapas 2 y 4 del barrio Pereyra Rozas, ha sido varias veces postergada. Sus adjudicatarios están hartos de seguir pagando alquileres y de escuchar anuncios oficiales que no se cumplen. Las viviendas se ven terminadas, pero profesionales del IPV señalaron que están sin finalizarse algunas obras de infraestructura básica.
La provisión de servicios no es lo único que está inconcluso en las 70 hectáreas que se expropiaron a la sucesión de Pereyra Rozas, en la zona norte de la capital salteña, con una ley aprobada en noviembre de 2013. Apenas promulgada esa norma, los herederos de la sucesión se plantaron
judicialmente ante el avance del Gobierno sobre las tierras que bordea la avenida Patrón Costas. Así, las tierras de la zona de El Huayco engrosaron la lista de expropiaciones impagas que dejó el anterior gobierno en el área metropolitana de Salta y el interior.
Por esa razón, siete años después de las primeras movidas del proceso expropiatorio, y tal como advirtieron entonces algunos legisladores que se resistieron al levantamiento liviano de manos, la Provincia está expuesta a otra millonaria demanda. Y no solo eso, los lotes que hoy muestran casas terminadas e incluso ocupadas no tienen escrituras. ¿Qué sucedería si alguno de los adjudicatarios decidiera cancelar la hipoteca para contar con la escritura de su techo familiar? Difícilmente el IPV podría responder a su solicitud, porque esas casas se levantaron y fueron dotadas de servicios en terrenos que carecen de escrituras y que seguirán en esa situación mientras persista la deuda por la expropiación.
“Despojos que se asemejan a estafas”
“Las expropiaciones son onerosas, de modo que si se resuelven sin que el Estado cuente con recursos asignados para pagarlas, se cae en despojos que se asemejan a estafas”, afirmó el diputado Carlos Zapata. El legislador sostuvo que los procesos expropiatorios “deberían partir de planificaciones serias y proyectos fundados para no afectar derechos, causar perjuicios ni prestarse como vía de salvación de amigos”.