Sin un plan, Salta se quedará sin campo y también sin bosque

Salta tiene cinco millones de hectáreas rurales "pintadas de amarillo" por el ordenamiento territorial reglamentado por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, en que se privilegiaron los criterios conservadores de perspectiva antropológica, y se vedó la inversión en desarrollos rurales. Sin cambio alguno en la materia desde hace doce años, los resultados están a la vista: la calidad de vida de los pueblos indígenas en la zona, la economía de subsistencia y la degradación progresiva por el pastoreo sin manejo quedaron a la vista en cada crisis nutricional.

Las razones para el bloqueo de parte del Gobierno nacional al desarrollo del norte argentino son varias. La primera, el desinterés por lo que está lejano y parece ajeno: cuando se produjo la crisis de este verano en las comunidades wichis de Rivadavia, mientras que los reclamos urbanos reivindicaban las culturas ancestrales y la medicina tradicional, los damnificados reclamaban asistencia hospitalaria y agentes sanitarios, propios de la civilización occidental.

También existen objeciones alimentadas por las corrientes industrialistas, que consideran que es necesario limitar el poder agroexportador porque, suponen, conspiraría contra la actividad manufacturera.

Y también incide el desconocimiento de la realidad territorial. El daño que sufre el bosque y la falta de agua potable es consecuencia del subdesarrollo, y no de la soja.

Expectativas

Frente a estas realidades, los ministros nacionales tienen actitudes diferentes. El titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró en enero que es necesaria una "economía familiar en escala" en las áreas postergadas de la región chaqueña. Esa expresión solo puede interpretarse como la aplicación del desarrollo rural con un sistema inclusivo, que incorpore a criollos y aborígenes a una producción competitiva. Sin inversión, no es posible la economía de escala, ni familiar ni de otra índole.

El minisitro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, también de perfil industrialista, nunca se refirió al agro salteño pero su criterio económico es el de combinar industria y agro. En cambio, el de Medio Ambiente, Juan Cabandié, cada vez que se pronunció habló de la preservación de los bosques con el mismo criterio que sostuvo su antecesor, Sergio Bergman, absolutamente alineado en los términos más rígidos del Tratado de París.

La deuda millonaria

Hace pocos días, la Fundación Vida Silvestre denunció que "a 13 años de su sanción, la ley de bosques todavía no cumple con sus objetivos".

El "Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N´ 26.331" resume "los vacíos, brechas, barreras y cuellos de botella" y destaca "la desfinanciación sistemática de la ley: desde su sanción no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece y recibió mucho menos del 10% de lo que le correspondería".

El último presupuesto aprobado, el de 2019, solo contempla el pago de un 6,5% de lo que establece el artículo 31 de la ley N´ 26.331: un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, un monto de $25.000.000.

La ley sancionada en 2007 establece que la partida presupuestaria para el cuidado de los bosques nativos no debe ser inferior al 0,3% del Presupuesto nacional. Por lo tanto, la cifra que le correspondería a este fondo debiera ser de 12.500 millones de pesos. Haciendo sumas y restas, todos dejan que el Tesoro nacional retenga (en 2019 y en 2020), no menos de 11.900 millones de pesos por año, cifra que muestra un desfase de doce años consecutivos.

La ley de bosques creó "el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan". Estará integrado por partidas presupuestarias "que no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto nacional"; se le añade el "2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal", y será distribuido anualmente entre las jurisdicciones que hayan elaborado su ordenamiento de bosques nativos.

De ese fondo debe destinarse "el 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos. El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable y será renovable anualmente sin límite de períodos". El 30% debiera destinarse a desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos; programas de asistencia técnica y financiera, "para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas".

Ese dinero no llegó nunca. Ninguna organización, salvo Vida Silvestre, le recordó al Estado el compromiso asumido por el Congreso y los gobernantes de Salta, desde 2008.

Muerte del bosque

Es que la ley de Bosques contiene una visión estratégica que no parece ser la de los gobiernos. Si en lugar de perseguir a los productores se hubiera aplicado ese monto (a valores de 2018 serían unos 400 millones de dólares anuales, de los que Salta recibiría una cuarta parte) para diseñar un plan de reforestación global con flora nativa en 20 mil de los 50 mil kilómetros cuadrados congelados por el ordenamiento, con una estrategia de producción combinada con preservación, otra sería la historia.

La Corte Suprema de la Nación prohibió la tala durante cinco años en Salta, y finalmente reconoció que los recursos naturales son competencia de cada provincia.

Hace unos días, la organización Greenpeace (que no es de la provincia, por cierto), a través del activista Hernán Giardini, pidió que "los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Chaco (Jorge Capitanich) y Formosa (Gildo Insfrán) decreten la emergencia forestal y prohíban los desmontes de manera inmediata para siempre".

Giardini es el mismo que en 2018, en sociedad con Bergman, logró paralizar emprendimientos en treinta empresas legales, por desarrollos autorizados por el Gobierno de Salta. Esa operación fracasó, porque no tenía consistencia legal, pero perjudicó a la provincia.

Es cierto que la pandemia ocupa toda la atención, y aunque la denuncia de Giardini sea la de un particular, sería muy valioso que los gobiernos hagan una pausa en la política sanitaria y digan qué va a pasar con la principal actividad productiva de Salta en un país cuyo PBI va a caer el 11% este año. Es decir, que definan objetivos de desarrollo sustentable, que deberían ser prioritarios, por lo menos, desde los años setenta.

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