La violencia social está en el orden del día y no depende de ideologías ni se explica estigmatizando a la policía o a determinados gobiernos. Esa violencia fluye como un río subterráneo y aflora en los momentos críticos.
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La violencia social está en el orden del día y no depende de ideologías ni se explica estigmatizando a la policía o a determinados gobiernos. Esa violencia fluye como un río subterráneo y aflora en los momentos críticos.
El ataque incalificable de seis policías a una familia qom en Fontana, en las inmediaciones de Resistencia, Chaco, es un caso obsceno. Antes de que esto sucediera, en la comunidad Gran Toba ("toba" es el nombre que los guaraníes dieron a los qom) se había producido un brote de coronavirus, y con él brotó el racismo, expresado por los vecinos en términos elocuentes: "Métanse en sus chozas, indios apestados".
El racismo es la madre de la arbitrariedad totalitaria, nunca hay que olvidarlo. La delegación del Instituto Nacional en Chaco y las organizaciones locales de Derechos Humanos repudiaron el violento ataque a la familia qom, pero advirtieron que el procedimiento se dio en un contexto de fuerte discriminación.
El episodio superó cualquier límite. Los golpes que sufrieron cuatro adolescentes y una persona mayor en la casa y luego en la comisaría, además de los vejámenes practicados por los uniformados constituyeron un ensañamiento que solo se explica por el odio. El argumento de que hubo un ataque previo a la comisaría no parece consistente con las edades de los detenidos, y es inequívoco que los policías incumplieron todos los deberes que como funcionarios les corresponden.
La indignación del presidente Alberto Fernández y Jorge Capitanich es tardía. No se trata de una "deuda de la democracia" sino del déficit de los gobiernos para resolver los conflictos sociales, que en la Argentina van en crecimiento.
Una policía descontrolada actúa con brutalidad y, con esa misma brutalidad desnuda la percepción del mundo y la escala de valores dominantes en una comunidad. Capitanich no llegó ayer al Chaco. No puede desentenderse de los niveles de formación policial, en primer lugar. Y es evidente que esos policías no están preparados para asumir la problemática aborigen. Entre 2010 y 2015 hubo numerosos enfrentamientos, con una secuela de denuncias de no menos de 15 aborígenes muertos, en diversas circunstancias en Chaco, en Santiago del Estero y sobre todo en Formosa, donde gobierna desde hace 25 años Gildo Insfran, a quien el Presidente elogió hace unos días como "uno de los mejores políticos y seres humanos". El gobierno de Insfrán fue, en la última década, el epicentro del conflicto qom.
La conflictividad social debería estar siempre despojada de ideologismos y de compromisos partidarios de ocasión.
Ayer, la prensa chaqueña informó que la senadora nacional María I. Pilatti Vergara, la diputada nacional Lucila Masin (ambas oficialistas) y la subsecretaria de Promoción del Gobierno del Chaco, Johanna Duarte, hicieron un llamamiento al Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y al Ejecutivo chaqueño donde denunciaron los "abusos diarios y el aumento de los niveles de violencia que se ejercen en los barrios populares" y puntualizando que estos hechos "no forman parte del proyecto político y democrático que fortalezca el Estado y su función de cuidado y justicia social en pleno contexto de crisis mundial".
La cuestión indígena forma parte del gran desafío para el país. Por una parte, se vislumbra una exaltación idealizante de los pueblos originarios, pero por otra no se los escucha. De ese modo, se consolida su condición de marginalidad.
Se los utiliza como bandera y, al mismo tiempo, se abandona a los qom, los wichi y a las etnias realmente necesitadas de políticas específicas. A los indígenas genuinos les cierran las puertas a los beneficios de la sociedad moderna, sin preguntarles si les interesan.
Se incorporan rituales de la Pachamama en la actividad escolar, pero el sistema educativo no funciona con criterios inclusivos para los niños de esas comunidades (ni para los niños de menores ingresos, en general).
La realidad es que los aborígenes siguen afuera del sistema y son una parte muy singular de los excluidos en un país donde la política y la economía están generando un progresivo deterioro social.