La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta le dio media sanción a un proyecto de ley para la contención económica de niños, niñas o adolescentes que hayan perdido a sus madres o padres por violencia familiar y de género. La iniciativa es complementaria a la denominada ley Brisa, 27.452, promulgada hace dos años, que otorga una reparación para hijas e hijos víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.
inicia sesión o regístrate.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta le dio media sanción a un proyecto de ley para la contención económica de niños, niñas o adolescentes que hayan perdido a sus madres o padres por violencia familiar y de género. La iniciativa es complementaria a la denominada ley Brisa, 27.452, promulgada hace dos años, que otorga una reparación para hijas e hijos víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.
La diputada Silvia Varg, autora del proyecto que se votó el martes, explicó que si bien es cierto que el porcentaje de femicidios es más alto que los casos en los que la víctima es el hombre, resulta necesaria una ley suplementaria a la nacional que abarque los casos de orfandad de padre.
"Este proyecto abarca no solamente lo ocurrido tras un femicidio, sino también luego de un delito cometido por una mujer frente a un hombre, y se incluyen también los casos de parejas del colectivo LGTBIQ. A los chicos les afecta tanto el fallecimiento de una de las partes como la privación de la libertad de la otra", indicó Varg.
El 26 de julio se cumplirán dos años desde la promulgación de la ley Brisa a nivel nacional. Varg indicó que esto constituyó el motor para la elaboración del proyecto.
"Creía que era oportuno para esta fecha sacar algo superador, porque las leyes están para dinamizarlas y modificarlas, para mejorar su implementación", destacó.
Además, señaló que bastará solamente acreditar la condición procesal del imputado como autor, coautor o instigador del femicidio u homicidio para que surja el derecho a obtener la prestación por parte del niño o adolescente. A diferencia de la ley Brisa, establece el derecho desde que existe un procesamiento.
"A la deriva"
"Desde que sale la sentencia condenatoria firme, la ley nacional reconoce el acceso. A veces pasan dos años para que eso ocurra y mientras tanto los niños huérfanos permanecen a la deriva", expresó la diputada.
Y mencionó que tiene conocimiento de un caso de tres niños que quedaron a cargo de una adolescente tras el femicidio de su madre. "El hombre está procesado pero hasta tanto lo juzguen y condenen ¿Cuanto tiempo va a pasar y las criaturas no reciben una ayuda que es indispensable?", planteó.
La diputada expresó además que la pérdida de los vínculos primarios, como los padres, a los niños los coloca en una situación de vulnerabilidad y abandono ante la cual el Estado debe ser garante y responsable con relación a los derechos.
"Por eso solicitamos que se les brinde la protección económica provincial hasta tanto estén en condiciones de cobrar lo establecido por la ley Brisa", explicó la legisladora.
En este sentido, aclaró que "lo contemplado en el proyecto solamente rige desde el momento en que ocurre el hecho hasta la condena firme del asesino o asesina, instante en el que pasan a cobrar lo estipulado en la ley nivel nacional, y dejan de percibir lo de la Provincia. No es acumulativo".
Agregó que habría unos 30 casos de chicos que están esperando el cumplimiento de la ley Brisa y tres en condiciones de recibir lo que contempla el proyecto provincial.
Expresó su conformidad ya que el proyecto fue votado por unanimidad e irá al Senado. "Esperamos que no tarde lo que suele tardar para que finalmente pase al Ejecutivo y se pueda implementar", sostuvo.
Deudores alimentarios
Por otra parte, se conoció que un proyecto contra deudores alimentarios, impulsado por los diputados Mónica Juárez y Luis Albeza, no fue aprobado.
La iniciativa buscaba incorporar un artículo a la Ley 7411 de Registro de Deudores Alimentarios, que establece que el certificado de libre deuda alimentaria debe ser un requisito para quienes sean designados o contratados en la planta de personal (permanente, contratado, agrupamiento político) en la administración pública provincial, en sus tres poderes.
También para cargos jerárquicos, candidatos políticos, postulantes a magistrados o funcionarios de Ministerios Públicos, entre otros casos.
En los fundamentos del proyecto se explicaba que se busca que el deudor desista de su actitud, cumpla con la ley y no eluda la obligación moral de aportar para la subsistencia de sus hijos.
“Eligieron ser indiferentes”
Juárez cuestionó la falta de apoyo a la ley contra deudores alimentarios.
La diputada Mónica Juárez, una de las autoras del proyecto para desalentar a los deudores alimentarios, explicó que darles prioridad a los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes motivó esta iniciativa.
“No es la mejor situación económica la que estamos pasando, pero también hay una realidad y es que nuestros hijos comen todos los días, no esperan. Entonces, para nosotros era prioritario poder tratar este tema dentro de la Cámara”, manifestó la diputada.
En uno de los puntos del proyecto se establecía que las personas interesadas en trabajar en la administración pública, en los tres poderes del Estado, debían presentar un certificado que acreditara que no son deudores alimentarios.
“Con eso lo que lograríamos es que muchos estén en regla, por ejemplo también los candidatos políticos. Si un diputado o concejal no cumple con una obligación moral, como darle de comer a su propio hijo, yo difícilmente creo que tenga el buen tino de ver por el bien común”, sentenció Mónica Juárez.
La legisladora relató que, pese a que el proyecto se había analizado y modificado por pedidos de distintos sectores antes de presentarlo, “no hubo caso”.
No se logró que pase la comisión de Legislación. “La verdad es que volvió a la comisión y decidieron no aprobarlo. Las excusas fueron tan vagas como el “no” mismo. La verdad es que nos estamos perdiendo la oportunidad de tener una Salta menos machista. Primó la inacción. Eligieron ser indiferentes ante el hambre de los niños y la violencia económica contra las mujeres”, definió Mónica Juárez.