El lunes 22 de junio por la noche un niño de 13 años murió tras recibir un disparo. Según fuentes judiciales y policiales el menor fue víctima de un enfrentamiento entre dos grupos disidentes en la zona. La jueza de Garantías 5, María Edith Rodríguez, dictó la semana pasada prisión preventiva para Ángel Gabriel Tejerina, Facundo Daniel Morales, César Demetrio Morales, Nahuel Alejandro Morales y Gonzalo Emanuel Meriles.
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El lunes 22 de junio por la noche un niño de 13 años murió tras recibir un disparo. Según fuentes judiciales y policiales el menor fue víctima de un enfrentamiento entre dos grupos disidentes en la zona. La jueza de Garantías 5, María Edith Rodríguez, dictó la semana pasada prisión preventiva para Ángel Gabriel Tejerina, Facundo Daniel Morales, César Demetrio Morales, Nahuel Alejandro Morales y Gonzalo Emanuel Meriles.
Los cinco se encuentran provisoriamente acusados del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y con el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor de edad. Ordenó que continúen alojados en la Alcaidía General de la Provincia. El Servicio Penitenciario deberá cumplir con las normas de las medidas de prevención de salud e higiene previstas por la pandemia de COVID-19.
El día del trágico episodio se recibieron dos denuncias por amenazas. Las mujeres pusieron en conocimiento que un grupo de hombres se acercaron a su domicilio y arrojaron elementos contundentes, amenazando a toda la familia con un arma de fuego.
Minutos más tarde, mientras las mujeres regresaban a su domicilio, se dieron con la novedad de que había un menor herido con arma de fuego, había sido trasladado al hospital Papa Francisco por sus familiares. F. M. T. (13), que presentaba una herida a la altura de las costillas, falleció por un "shock hipovolémico por herida de arma de fuego".
En su resolución la jueza sostuvo que el delito por el que se encuentran acusados prevé una pena de ejecución efectiva en caso de ser condenados. Por ello se entiende que existe un peligro procesal de fuga, ya que la pena en expectativa hace sospechar que los mismos podrían intentar sustraerse al proceso.
También rechazó el arresto domiciliario, ya que entendió que la medida no resulta adecuada para aplicar al caso, no logra cautelar los peligros procesales existentes en la causa.