El abogado Francisco Javier Terrón Villagrán, beneficiado ahora con la libertad condicional por el Juzgado de Ejecución y Detenidos de 1ra Nominación, a cargo del juez Rodolfo Darío Quinteros, tiene un historial con medidas judiciales a su favor.
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El abogado Francisco Javier Terrón Villagrán, beneficiado ahora con la libertad condicional por el Juzgado de Ejecución y Detenidos de 1ra Nominación, a cargo del juez Rodolfo Darío Quinteros, tiene un historial con medidas judiciales a su favor.
Terrón Villagrán fue denunciado por los padres de una menor de 8 años en 2015. Amigos del abogado acusaron a Javier Francisco Terrón Villagrán por abusar de su hija.
En junio de 2015, la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, lo dejó en libertad a Terrón Villagrán porque no existía pedido de prisión preventiva de la Fiscalía actuante.
En julio de 2015, los videos de pornografía infantil descubiertos en sus computadoras hicieron que la Justicia volviera a ordenar el arresto del abogado.
En noviembre de 2017, tras ser sometido a una cirugía por un dolor en la columna en un centro privado, logró otro beneficio. Cumplido el período de recuperación posoperatorio, el abogado se negó a continuar su rehabilitación (fisioterapia) en el hospital San Bernardo, por los supuestos perjuicios que podría provocarle a su salud dicha salida para una internación posquirúrgica.
Con ese argumento más la autorización emitida por un médico auditor del IPS para que cumpla una internación domiciliaria por 30 días, los defensores de Terrón Villagrán pidieron que el detenido sea enviado a la casa. La autorización fue otorgada por la Sala IV del Tribunal de Juicio, una decisión que la Fiscalía Penal 2 rechazó.
La fiscal María Luján Sodero Calvet se opuso a esa solicitud y fundamentó su postura en un informe de una médica del Poder Judicial, que indicó que el abogado podría realizar su recuperación en un hospital y con custodia permanente del Servicio Penitenciario y control del Servicio Médico del Poder Judicial.
Ahora, el juez de Ejecución Rodolfo Quinteros resolvió otorgarle la libertad condicional, pese a los graves informes del Servicio de Psicología del Poder Judicial.
En agosto de 2016 el abogado fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión por abuso sexual y distribución de pornografía por la Sala IV del Tribunal de Juicio, tras comprobarse la existencia de 200 filmaciones de pedofilia con pornografía infantil con niñas y niños de entre 10 y 12 años donde aparece el acusado y conocidas personas de Salta. La fiscal por entonces, María Luján Sodero Calvet, había solicitado 11 años de prisión efectiva.