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La pesadilla de vivir en un barrio soñado sin agua potable y colgados de la luz

Una urbanización privada de La Isla lleva diez años sin servicios básicos ni escrituras. Familias afectadas piden urgente intervención a la Municipalidad de Cerrillos.
Domingo, 19 de julio de 2020 01:37

Mientras se demora la reglamentación de las nuevas normas para aprobar loteos y se pide a la población lavado frecuente de manos para evitar contagios de COVID-19, cientos de familias viven en condiciones insalubres, colgadas de la luz y sin acceso a agua segura. 

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Mientras se demora la reglamentación de las nuevas normas para aprobar loteos y se pide a la población lavado frecuente de manos para evitar contagios de COVID-19, cientos de familias viven en condiciones insalubres, colgadas de la luz y sin acceso a agua segura. 

En las tierras de La Isla, cuna de memorables piezas del folclore como La Marrupeña y la Zamba de La Candelaria, hay un penoso ejemplo de los loteos irregulares que convierten el sueño del techo propio en una pesadilla.

La urbanización privada San Agustín, en el kilómetro 9 de la ruta provincial 26, tiene hoy a decenas de familias indignadas, sin servicios básicos ni escrituras y con edificaciones truncas, a diez años del lanzamiento de un desarrollo que terminó siendo, según denuncian, “una estafa”. Lejos del paradisíaco barrio privado prometido en los papeles, viven con las privaciones de una villa de emergencia. En los últimos días los ánimos de varios adquirentes afectados también estallaron, al ver sus lotes -algunos con viviendas construidas- ofrecidos en venta por las redes sociales.

Señalaron como principal responsable a Guillermo Varela. También atribuyeron responsabilidades por las precarias condiciones en que viven a otro empresario, Sergio Gudiño, que adquirió parte de las tierras loteadas tiempo después del lanzamiento del desarrollo. El epicentro de las denuncias es una fracción de una finca de 78 hectáreas incluidas en el juicio sucesorio de Gustavo Adolfo Marrupe y su esposa, Avelina Ramona Kalum.

El loteo del barrio privado, que no fue aprobado por Obras Públicas de la Municipalidad de Cerrillos, figura en la Dirección General de Inmuebles bajo un único catastro, con decenas de cesiones de derechos hereditarios y un par de embargos asentados desde 2013. 

En ese loteo sin habilitaciones cumplimentadas, tras enviudar, Cristina Nely Elvaz adquirió en 2016, con el seguro que le dejó su fallecido esposo, una cabaña de troncos que quedó a medio construir. “Terminé perjudicada y nuestro sueño se convirtió en la peor pesadilla. Pagué todo, hasta la escritura, pero mi hijo me sigue preguntando cuándo vamos a poder vivir en nuestra casa”, señaló Elvaz, desde la localidad formoseña de Ingeniero Juárez. Allí, en una pieza facilitada por familiares, ella y su nene, de cinco años, esperan el cumplimiento de compromisos que les devuelvan la ilusión robada. Desde 2017, Antonela Sánchez Pastrana, su esposo y sus hijos, de 2 y 4 años, viven colgados de la luz, sin recolección de residuos y calles sin mantenimiento que, con dos gotas de lluvia, se tornan intransitables. El inseguro entorno mezcla yuyales, alimañas, insalubres vuelcos de granjas vecinas, invasiones de moscas y hasta un reñidero ilegal que suele atraer grandes cantidades de apostadores con las peleas de gallos que allí se organizan. 

Como otras familias que ya habitan en el lugar, la de Antonela Sánchez consume agua de un pozo que no ofrece garantías de potabilidad y que funciona desde hace un tiempo con una bomba prestada. “Estamos abandonados a nuestra suerte, sin respuestas y expuestos a toda clase de enfermedades infecciosas”, resumió la vecina, tras remarcar que en los contratos de adquisición de los terrenos, “Varela se comprometió a instalar redes de agua potable y de energía eléctrica soterradas, cámaras sépticas y cableados de antena satelital”.

El loteador comenzó a publicitar los terrenos de la urbanización privada de La Isla hace diez años. En los croquis, el proyecto pintaba de maravillas y no tardó en atraer a un gran número de familias interesadas. El responsable del desarrollo comercializó las parcelas mediante cesiones de derechos de la sucesión de los Marrupe y -opcionalmente- también la construcción de cabañas a través de la firma Arvial. Los incumplimientos en las obras, infraestructuras y servicios afectaron, de un modo u otro, al conjunto de los adquirentes.

“Estamos hartos de las mentiras y estafas”, enfatizó Laura Cáceres, quien compró su parcela en ese loteo hace 5 años.

Así quedó la cabaña que Cristina Elvaz pagó con el seguro de su esposo fallecido. 

Ella es madre de tres varones de 4, 5 y 16 años. “Nos vendieron los terrenos con pileta y espacio recreativo para los chicos”, aclaró en relación con algunos de los incumplimientos.

Angélica Vázquez, otra afectada que tiene dos hijos, de 11 y 14, sostuvo que “desde hace años se burlan de nuestro sueño y de lo que con tanto sacrificio pudimos tener”.

Héctor Eduardo Maidana compró en 2015 un terreno que canceló en tres meses. “A mí me lo vendió Juan Arteaga, un comisionista de Varela, a quien en cinco años no pude conocerle la cara. Detrás de está estafa también debería investigarse una organización ilícita con intermediarios”, sugirió Maidana.

Plinio Orozco, otro damnificado, hizo notar que por la incertidumbre y la falta de servicios muchas viviendas quedaron con las obras de construcción paradas. “Les pido a los responsables que cumplan con lo pactado y no trunquen la ilusión a nuestros niños”, acotó.

Denunciaron sobreventas de terrenos

Más de un afectado puso el grito en el cielo al ver su lote ofrecido en las redes.

La incertidumbre de las familias que adquirieron terrenos en la urbanización privada San Agustín se agudizó en los últimos años, luego de que Guillermo Varela cediera un remanente del loteo irregular al empresario Sergio Gudiño, quien, según señalaron adquirentes de parcelas afectados, ejecutó una alambrada perimetral, instaló gabinetes para futuras conexiones del servicio de luz e inició la perforación de un pozo de agua. Por razones que se desconocen las obras quedaron a medio concluir y Varela reapareció en el loteo afirmando que Gudiño había incumplido con el contrato de cesión que ambos habían firmado. Con ese argumento comenzó a ofrecer terrenos cedidos a Gudiño y parcelas que algunos afectados reivindican como propias por haberlas comprado de buena fe.

En este contexto surgieron las denuncias por sobreventas de parcelas. Algunas de las cuestionadas operaciones dieron pie a reubicaciones y avances sobre las áreas destinadas a espacios verdes y de uso institucional público. Uno de los que marcaron estas situaciones ante El Tribuno fue Néstor Zerpa. 

Fabián Salinas, quién compró un terreno en 2012, ofreció otro testimonio al respecto: “Hace un mes me di con la noticia de que el espacio verde que estaba proyectado justo en frente de mi terreno fue vendido como un lote más. De esa forma me taparon todo el frente y me metieron en un callejón de cuatro metros, sin respetar el plano que Varela me mostró al momento de venderme el terreno y por el cual elegí la ubicación”, manifestó Salinas.

Cecilia Depetris, otra joven afectada con un terreno y la construcción de una vivienda, reclamó “soluciones y justicia contra los responsables. Pasaron 10 años y siguen agrandando los perjuicios que sufrimos”, dijo, tras señalar que se dio, sorprendida, con su propiedad ofrecida en las redes sociales.

Vecinos de loteo señalaron que desde hace algunos días un familiar de Varela, de apellido Molina, capta a interesados para materializar ventas de terrenos. Los lotes, según advirtieron, “se ofrecen en la redes con imágenes de construcciones que nada tienen que ver con la realidad”.

Mientras esto sucede siguen sin respuestas por los títulos de propiedad, los servicios esenciales y otros incumplimientos contractuales de larga data. En medio de la incertidumbre, familias afectadas pidieron una urgente intervención de las autoridades municipales de Cerrillos.

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