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Una interna que jaquea a Fernández y amenaza al país

Domingo, 19 de julio de 2020 01:37

Las presiones que el ala radicalizada del oficialismo ejercen sobre el presidente Alberto Fernández son el indicio de una fisura interna que, en el fondo, expresa diferencias de larga data que no fueron saldadas con el acuerdo de conveniencia electoral entre el mandatario y su compañera de fórmula.

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Las presiones que el ala radicalizada del oficialismo ejercen sobre el presidente Alberto Fernández son el indicio de una fisura interna que, en el fondo, expresa diferencias de larga data que no fueron saldadas con el acuerdo de conveniencia electoral entre el mandatario y su compañera de fórmula.

Siempre estuvo claro que el único motivo que los unió fue la imposibilidad de ambos de ganar la presidencia por separado.

Pero también era evidente que sus proyectos son diferentes.

Más allá simpatías personales y discursos emocionales, es explícito que la ex presidente y actual vice no se resigna a ocupar un segundo lugar; tal como lo demostró durante sus dos mandatos, su visión del mundo responde a paradigmas del pasado, combinados con un espíritu de rechazo a la globalización que comparte con líderes de diversos signos.

La ausencia de una visión realista del mundo contemporáneo es un rasgo dominante en los gobiernos kirchneristas.

Un rasgo que se niega a admitir que la interdependencia es inevitable.

El presidente, por su parte, muestra actitudes contradictorias y esa ambigedad lo debilita. Su decisión de condenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela debió haber sido respaldada en forma unánime, ya que ese es un valor consolidado entre nosotros a lo largo de 37 años de democracia.

El gobierno de Nicolás Maduro no solo ha manipulado las instituciones democráticas y llevado al país a la ruina, sino que además debe responder por las denuncias de muertes, desapariciones y torturas cometidas por un régimen represivo sostenido por el poder militar.

Alberto Fernández hizo lo que la mayoría de los argentinos espera y no debió dar explicación alguna a nadie; ni a Hebe de Bonafini, cuya conducta pública ha erosionado su credibilidad, ni mucho menos a los activistas mediáticos. Es a Maduro y no a los empresarios argentinos a quienes deberían cuestionar los organismos de Derechos Humanos.

Pero el llamado "kirchnerismo duro" sigue invocando un modelo bolivariano que se eclipsó junto con sus principales figuras, y que no resolvió los problemas profundos de los países de la región.

En el caso de la Argentina, es imprescindible asumir que la situación económica y social es agónica. Al coronavirus y la cuarentena, en nuestro país se suma una destrucción del capital productivo que se inició en 2011, cuando Cristina Fernández tomó la decisión de colocar un cepo al dólar y llevar el gasto del Estado a niveles insostenibles. Y no se detuvo. Tal cual lo dicta el sentido común, la prioridad del actual presidente debe ser la de unir fuerzas con las empresas, porque sin ellas, nuestro destino será el empobrecimiento cada vez mayor.

Y esto no es un miedo irracional: en 45 años, de los cuales 29 gobernó el justicialismo es sus distintas versiones, todos los indicadores sociales y económicos son propios de un país en decadencia.

Hoy, los organismos internacionales anticipan una caída del 11 por ciento en el PBI, una inversión muy por debajo de los indicadores mínimos que hacen viable un país, una presión tributaria en situación limite y la ausencia total de acceso al financiamiento internacional.

Frente a eso, la expresidente recomendó por twitter la lectura de un texto que remonta al siglo XIX, enjuicia y agravia a las empresas que pagan en blanco, que respetan las leyes laborales y arriesgan su capital, y las responsabiliza por una crisis cuyo origen solo puede buscarse en el dispendio demagógico de fondos públicos al que es tan proclive la política argentina.

Periodísticamente, a estos ataques contra el presidente se los denomina "fuego amigo". La realidad es que son el indicio de dos proyectos antagónicos que están en pugna en la cumbre del poder y que pueden comprometer no solo al gobierno legítimo de Alberto Fernández sino a la paz social y al futuro del país.

 

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