Esta mañana, trabajadores ocupados y desocupados, así como distintas organizaciones sociales y políticas se concentraron en Córdoba y San Martín para acompañar la lucha por la reincorporación de los trabajadores mineros despedidos de la empresa EDVSA (Electrificadora del Valle) en el proyecto de Mina Lindero y por la libertad de siete remiseros presos en el marco de una protesta que fue reprimida en la Legislatura provincial que se encuentran con prisión domiciliaria. También participaron vendedores ambulantes y artistas callejeros que solicitan un lugar para poder volver a trabajar y llevar ingresos a sus hogares.
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Esta mañana, trabajadores ocupados y desocupados, así como distintas organizaciones sociales y políticas se concentraron en Córdoba y San Martín para acompañar la lucha por la reincorporación de los trabajadores mineros despedidos de la empresa EDVSA (Electrificadora del Valle) en el proyecto de Mina Lindero y por la libertad de siete remiseros presos en el marco de una protesta que fue reprimida en la Legislatura provincial que se encuentran con prisión domiciliaria. También participaron vendedores ambulantes y artistas callejeros que solicitan un lugar para poder volver a trabajar y llevar ingresos a sus hogares.
Los trabajadores de EDVSA, despedidos hace 120 días hoy cumplen 44 días de acampe en reclamo de su reincorporación. Solicitan que la minera Mansfield los reabsorba. Los despidos se produjeron empezada la cuarentena y violan el DNU vigente hasta el 31 de julio próximo (que hoy fue prorrogado hasta el 30 de septiembre), que prohíbe los despidos.
Los manifestantes rechazaron también el despliegue policial en los barrios ya que con el argumento de “hacer cumplir la cuarentena”, los abusos policiales se han hecho frecuentes. Como ejemplo de lo anterior, citaron "los abusos y torturas a una familia de barrio La Paz, que concluyó con la pérdida de un ojo de Ariel Aguirre por balas de goma. El mismo método se repite en toda la provincia con la golpiza y pérdida de un ojo de Carlos Ávalos, en el desalojo del asentamiento de barrio 17 de Octubre; lo mismo a Luciano Cruz, en Norte Grande; de Adrián Mercado en General Ballivian; todos ocurridos bajo el argumento de la aplicación del decreto 255/20, ahora convertido en Ley 8191".