Un mes atrás, María del Pilar González Sastre se incorporó como directora al Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), en representación del Poder Judicial. A fines del año pasado concursó para ocupar este cargo y se incorporó recién en junio, tras la firma del Ejecutivo provincial.
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Un mes atrás, María del Pilar González Sastre se incorporó como directora al Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), en representación del Poder Judicial. A fines del año pasado concursó para ocupar este cargo y se incorporó recién en junio, tras la firma del Ejecutivo provincial.
La flamante directora se desempeñó en el Poder Judicial en el área del derecho laboral y penal. Fue una de las compiladoras del “Compendio de violencia familiar y de género”, publicado este año por la Corte de Justicia, y conformó el equipo de ciclo anual 2019 del programa “La Justicia sale a las escuelas”.
En diálogo con El Tribuno, González Sastre habló sobre los desafío de incorporar la perspectiva de género en todas las áreas del Estado. Se refirió al respeto por las normativas y jurisprudencias sobre el aborto y apostó a la prevención de la violencia y los femicidios.
¿Qué desafíos encuentra en el Observatorio?
Mi primer desafío es venir de uno de los tres poderes del Estado. Mi idea es sumar desde la perspectiva jurídica, legal y tratar de articular entre el Poder Judicial y el Observatorio. Necesitamos que haya más conexión en cuanto a información y estadísticas, entre otras cosas. De los dos lados podemos sumar mucho y mi aporte viene por ese lado.
¿Cómo encontró el Observatorio?
Este mes traté de conocer lo que venían haciendo las chicas y su trabajo es muy bueno.
Como sabe, no estamos todas las directoras. Somos seis y estamos tres en función ahora. La pandemia afectó lógicamente las designaciones y los concursos... El proceso hay que hacerlo bien y hay limitaciones.
Las tareas son muchas y las dos directoras (Inés Bocanera y Ana Pérez Declercq) venían haciéndose cargo de todo. Las dos tienen mucha garra y son relaburadoras y el equipo técnico es un gran soporte. Vienen trabajando hace tiempo con el mismo equipo, entonces eso también ayuda. Conocen el funcionamiento, la especialidad de cada una...
Hay muchos proyectos, muchas cosas para hacer y muchas están haciéndose.
El cargo de directora en representación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que ganó Irene Cari, está judicializado...
Sí, se llamó a concurso en diciembre y una de las ONG planteó un amparo porque supuestamente no era válido. Ya pasaron las dos audiencias del amparo y estamos esperando el fallo del juez (Marcelo Domínguez), que determine si el concurso tiene validez o no. Estamos a la expectativa.
¿Cómo percibe que trabaja el Poder Judicial en temas de violencia de género?
Por lo que me tocó ver y tratar con la Corte de Justicia, que es la que baja el lineamiento, hay mucha intención de que haya una real perspectiva de género en todas las sentencias, resoluciones y en el trato diario. A mí, esto me da alas para gestionar también desde mi lado.
Cuando concursé la Corte hizo mucho hincapié en sumar para que haya más perspectiva, en capacitar más en violencia. El mensaje fue muy claro: articular, implementar y generar herramientas, para que lo que ya se viene haciendo tenga más fuerza todavía. Veo que están muy interesados en el tema. Este es un proceso algo paulatino que se va construyendo. Lo que a mí me gusta es que estamos todos para el mismo lado.
¿Cómo ve la aplicación de la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género para quienes integran los tres poderes del Estado?
Días atrás me reuní con las personas que están a cargo de la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVFG), para delinear ciertas capacitaciones interdisciplinarias.
El Poder Judicial ya estaba capacitando en estos temas, incluso antes de la Ley Micaela. El Senado fue uno de los primeros ámbitos en capacitarse y el Ejecutivo también lo está haciendo. Los tres poderes están capacitándose.
El querer erradicar la violencia e instalar la perspectiva de género de hoy para mañana es imposible. Venimos con una sociedad funcionando hace muchos años de cierta manera... Otra realidad es que no se puede capacitar a todos los empleados públicos en un año, porque es mucha la gente que trabaja en el Estado. Es materialmente imposible hacerlo: implica un programa con cierta cantidad de clases, rendir un examen... Hay organismos estatales que todavía falta que se capaciten, pero es parte del proceso.
Desde que empezó la pandemia hubo más de 90 femicidios en el país...
Antes del femicidio hay algo muy fuerte, que es la violencia. Hay que hacer un gran trabajo de prevención antes de que lleguemos a que se judicialice un caso: todo lo que es asistencia y acompañamiento de la víctima.
Los femicidios van a disminuir cuando empecemos a cambiar todo lo previo, que es una cuestión estructural. Hay que desaprender un montón de conceptos y estereotipos que tenemos.
Todas estas capacitaciones, herramientas y concientización buscan modificar los resultados que tenemos. La base es la prevención, la asistencia y el acompañamiento a la víctima.
¿Qué análisis hace de la violencia de género durante la pandemia?
Los primeros días de pandemia casi no hubo denuncias, por el aislamiento que era tan estricto. Cuando se empezó a incentivar que la mujer que sufre violencia denuncie por el medio que sea se vio cómo aumentaron las denuncias. La situación de la violencia durante el aislamiento se potencia, porque el agresor está permanentemente con la víctima.
Hay que incentivar que la mujer denuncie: están el 144, el 911, números de teléfono, de WhatsApp. La idea es llegar como sea a estas mujeres para que denuncien las situaciones de violencia.
Días atrás el Concejo Deliberante de Orán declaró a la ciudad como “pro vida” y “pro familia” y organizaciones feministas expresaron su malestar. ¿Qué opina sobre esto?
A mí me parece que hay que respetar lo que está vigente, lo que dicen la ley y los protocolos de interrupción legal del embarazo (ILE). Cada uno tendrá sus opiniones, que también hay que respetar, pero lo que hay que respetar sobre todo es la ley.
Si el día de mañana se vuelve a abrir el debate y sale a favor del aborto o no, hay que respetarlo. La Provincia está adherida al protocolo ILE y hay que respetarlo. Esto se aplica al aborto y a todo.
Salta aun no adhirió al último protocolo, de fines del año pasado...
Sí, no fue manifiesta la posición de adherirse al último protocolo, que tuvo modificaciones a fines del año pasado, que establece un paso a paso de la ILE. Sigue abierto el debate y es muy importante que quienes nos representan intervengan en el asunto y se establezca una postura.
Cada uno puede tener la postura que quiera, pero hay que respetar la ley, lo que ordenan los protocolos, lo que dice el Código Penal y hay que ir adhiriéndose a cómo evoluciona esto. Para eso tenemos los representantes en el Congreso, para que hagan su labor y traten los temas.
Semanas atrás se lanzó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. ¿Cómo ve esta iniciativa?
Desde el Observatorio lo analizamos y encontramos que es un gran aliado de lo que nosotras venimos trabajando. Suma mucho para tratar de erradicar la violencia, no solo en la asistencia, sino también en el acompañamiento a las mujeres.
Hay un presupuesto de 18 mil millones. Viene con una muy buena perspectiva para sumar y acompañar lo que ya se está haciendo.