El caso del herrero jubilado Jorge Ríos, atacado en su casa por una gavilla de delincuentes pertenecientes a la barra brava de Quilmes es paradigmático.
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El caso del herrero jubilado Jorge Ríos, atacado en su casa por una gavilla de delincuentes pertenecientes a la barra brava de Quilmes es paradigmático.
El gran debate gira en torno de la conducta de Ríos, quien le disparó dos balazos al asaltante Franco Moreyra, el segundo cuando ya estaba herido en el suelo. Para el fiscal se trata de un homicidio agravado. Para la ley argentina, el hecho de matar a un ladrón puede tener varias calificaciones. El fiscal Ariel Rivas optó por la más grave.
Para la inmensa mayoría de la gente que se expresa en las redes, más allá de algunos exabruptos, la víctima principal es Ríos, de 70 años, golpeado brutalmente por cinco matones, que entraron tres veces a su casa y utilizaron incluso un destornillador para torturarlo.
Todo parece indicar que el primer disparo causó las heridas mortales a Moreyra, pero Ríos se acercó al herido, abandonado en el suelo por sus cómplices, y aparentemente, volvió a dispararle.
En la Argentina, la defensa propia parece requerir muchos más requisitos que el asalto en banda o la opción por el delito como forma de vida. Pero, ciertamente, rematar a un ladrón herido es homicidio.
Si el caso se llevara a un juicio por jurados, el resultado es previsible: absolución por aclamación.
Más allá de la ley, que es lo que rige la actividad de jueces y fiscales, hay un factor emocional: no se le puede exigir serenidad a un hombre atacado por criminales, que lo humillaron, golpearon y robaron con total impunidad.
Comprender esta situación no es defender "la justicia por mano propia" ni exaltar "la ley del revólver". Es asumir la realidad.
A la policía no le costó demasiado trabajo identificar al resto de la banda. Los cuatro están detenidos; uno de ellos había sido liberado al comenzar la cuarentena para que no fuera a contagiarse de coronavirus. Todos, miembros de "la banda de Villa Vera".
Los vecinos ya conocían de sus andanzas. El padre de un joven asesinado a la salida de un boliche hace unos pocos años, acusó a ese grupo de barrabravas de estar vinculado a aquel homicidio.
Posteriormente, ese sector de los simpatizantes de Quilmes violó todos los protocolos de cuarentena, sin que la policía lo impidiera, y en un cortejo fúnebre -que hoy está prohibido- rindió homenaje frente al estadio del club al delincuente muerto. La pareja de "Piolo" Moreyra brindó un testimonio que describe la profundidad del conflicto social que todo esto entraña: dijo que el jubilado "había dejado a su hijo sin padre". La frase expresa la naturalización del delito entre sectores marginales de la sociedad a los que gran parte de las dirigencias políticas brindan de hecho el privilegio de delinquir.
No se escuchó ninguna voz del Gobierno, salvo la del ministro Sergio Berni, que mostrara una visión compatible con la del grueso de la ciudadanía.
Hoy se habla en los medios de la autopsia del delincuente muerto. Pero se olvida la radiografía social de la barra brava de Quilmes y de todas las barras. No son parte de una pasión, sino meras asociaciones ilícitas.
Esa radiografía muestra entrelazadas a las bandas delictivas con las barras y la corrupción que incluye a dirigentes políticos, sindicales, deportivos y policiales. Es una constante.
El manto de impunidad es siempre una garantía para los delincuentes.
Moreyra murió durante un episodio violento que él y sus cómplices habían iniciado. Esa muerte es consecuencia del acto criminal inicial. Si se tratara de un juego de ajedrez, sería fácil decir que el homicida es Ríos. Pero no es un juego sino un ataque sin otro motivo que el robo, en una total desproporción de fuerzas.
Todos sabían que los cinco asaltantes acumulan antecedentes. La pregunta es por qué los dejan seguir atacando a la gente decente.
El Estado y la dirigencia, por incapacidad, complicidad o las dos cosas, siguen amparando a los criminales.