Más allá de las responsabilidades legales, morales y políticas, el caso del presunto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de funcionarios desnuda una falencia en el sistema de entrecruzamiento de datos que deberá analizarse.
Susana Aramayo, delegada de la Anses Norte, explicó a El Tribuno que la administración provincial por un lado, y el Tribunal Electoral por el otro, deben informar sobre los nuevos funcionarios para que el sistema de seguridad social les otorgue el alta. La funcionaria evitó endilgar responsabilidades y aseguró que será la Justicia la que deberá investigar.
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Más allá de las responsabilidades legales, morales y políticas, el caso del presunto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de funcionarios desnuda una falencia en el sistema de entrecruzamiento de datos que deberá analizarse.
Susana Aramayo, delegada de la Anses Norte, explicó a El Tribuno que la administración provincial por un lado, y el Tribunal Electoral por el otro, deben informar sobre los nuevos funcionarios para que el sistema de seguridad social les otorgue el alta. La funcionaria evitó endilgar responsabilidades y aseguró que será la Justicia la que deberá investigar.
“Debería reverse el sistema porque califican personas que no deberían”, manifestó el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, quien además repudió la actitud de “los funcionarios que han sido elegidos para otra cosa”.
Relevamiento nacional
Antonio Marocco, vicegobernador, indicó que se debería hacer un contraste de datos a nivel nacional de funcionarios y cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, “y que demuestren los funcionarios que no tienen nada que ver con esto”.
Diferentes referentes se mostraron preocupados por lo que el caso provoca en la imagen política. “Perjudica al ámbito político porque en el común denominador de la gente la idea es negativa”, aseveró Madile.